La finca pertenece a un ciudadano belga y la invasión del citado inmueble lleva varios años de conflicto. El lugar en cuestión es conocido como Asentamiento Ara Poty, o como Belga Cué.
El oficio de desalojo N° 512/24 fue firmado por el fiscal Luis Alberto Albertini y estuvo a cargo del comisario Juan Agüero, director de Policía de Itapúa. El operativo movilizó a un nutrido contingente de efectivos policiales de los departamentos de Policía de Guairá, Ñeembucú, Caazapá, Misiones, Paraguarí y Caaguazú; así como personal de Apoyo Táctico y Técnico.
El desalojo se inició a las 07:00 en la Comisaría 85ª de Pirapey y contó con la supervisión del director de Policía de Itapúa y el jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, Crio. Eladio Martínez.
De acuerdo con los datos que manejan las autoridades, en el lugar existirían unas 80 familias aproximadamente y el objetivo de las fuerzas policiales es hacer cumplir la orden de desalojo, atendiendo a que el propietario demostró en reiteradas oportunidades poseer todas las documentaciones que lo acreditan como dueño de las tierras.
El inmueble cuenta con una superficie de 1.200 hectáreas y pertenece al ciudadano belga Luck Van Ryckeghem, quien viene soportando esta situación desde hace años. En agosto de 2023, una comitiva fiscal policial, a cargo del fiscal Héctor Garay, llevó adelante el desalojo de unas 79 familias, concretando así el cese del hecho punible de invasión.
Sin embargo, en menos de un año, la finca en cuestión fue invadida nuevamente por un grupo de campesinos que, según fuentes oficiosas, no serían los mismos ocupantes. Los que entraron ahora son otro grupo de gente, hecho que incluso fue demostrado en un juicio civil de interdicto.
Existen varias hipótesis con relación a la ocupación, pero la sospecha más fuerte es que el grupo de campesinos están apadrinados por dirigentes políticos de Itapúa, quienes les provee de toda la logística para aguantar el proceso de ocupación.
La finca ya fue objeto incluso de la expropiación, pero nunca se concretó por falta de recursos para la transacción.
El fiscal de la causa señaló que quienes fueron desalojados antes del inmueble “presentaron un interdicto a recobrar y quienes entraron ahora son otro grupo de gente”, separó.
