La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, aseguró que van a pelear y que la instrucción del titular de la institución es interponer los recursos jurídicos en instancias nacionales e internacionales para que la sentencia no afecte al IPS.
En ese sentido, recordó que el IPS no fue parte de la acción de inconstitucionalidad planteada por unos 129 trabajadores navieros contra la ley que establece un tope a las jubilaciones y que solo se enteraron cuando se dictó la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Un total de 129 trabajadores marítimos solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos de la carta orgánica del IPS, que establece que ninguna jubilación o pensión podrá ser otorgada por más de 10 salarios mínimos vigentes (equivalente a unos G. 26.803.730).
La característica de los navegantes marítimos es que habitualmente aportan por encima de los 10 salarios. Entonces, lo que buscaron es que si aportaron por G. 50 millones, su jubilación sea por el mismo monto.
📌 La Corte Suprema de Justicia, volvió a fallar a favor de abismal monto de jubilación para capitanes navieros privados.
— NPY Oficial (@npyoficial) August 25, 2023
♦️ IPS advierte severo riesgo a fondos jubilatorios poniendo en jaque a todo el sistema.
🗣️"Vamos a pelear. Nosotros vamos a interponer todos los recursos… pic.twitter.com/TsmibPNrEj
El monto retroactivo y a futuro para todos estos trabajadores ronda los USD 100 millones y abre la posibilidad de que otros navieros, como también de otros sectores que también aportan por un monto mayor a 10 salarios mínimos, recurran a la Justicia, situación que arriesgaría todo el sistema jubilatorio y sus fondos.
Cubas indicó que el IPS apeló la acción de inconstitucionalidad, pero el recurso fue rechazado, por lo que paralelamente se planteó la acción de nulidad autónoma y esa es la que ahora se declaró la caducidad.
“La acción autónoma de nulidad planteó el IPS en el 2020 y hoy, tres años después, se declara la caducidad, alegando que supuestamente el IPS no impulsó ese proceso. Vamos a hacer una auditoría para revisar si realmente tuvo un impulso procesal esa acción de nulidad en contra de esta sentencia de la Corte”, manifestó.
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La gerente aseguró que harán una auditoría del expediente para deslindar todas las responsabilidades civiles, administrativas y políticas de quienes llevaron ese juicio y si existe alguna negligencia o responsabilidad para que rindan cuentas.
Fondos jubilatorios en riesgo
Vanessa Cubas señaló que aún no fueron notificados formalmente de la resolución judicial y que se desayunaron la noticia a través de la prensa.
Sobre la sentencia, manifestó que es grave y que la acción judicial pretende socavar directamente el fondo común de jubilaciones.
“Solamente si hacemos lugar y damos trámites a esta acción de inconstitucionalidad de estos 129 demandantes, vamos a someter al fondo a un desembolso de USD 100 millones, porque tenemos que pagar lo retroactivo y lo sucesivo, además de sus derechos habientes hasta que fallezcan”, advirtió.
A su vez, indicó que si todos los trabajadores de ese rubro plantean lo mismo, como también otros trabajadores que aportan arriba de 10 salarios mínimos, se trataría del cambio del sistema colectivo a un sistema de capitalización individual por medio de una resolución judicial, lo cual considera que es inaudito e inaplicable dentro de un Estado de derecho, atendiendo a que solamente una ley puede cambiar otra ley.
Cubas recordó que el marco jurídico del IPS fue diseñado en 1993 y permitió a la previsional tener hoy una reserva de más de USD 2.200 millones.
La gerente detalló que existen varios sistemas de seguro social, como en el que uno aporta G. 50 millones y se jubila con el mismo monto. También citó el de reparto, llamado solidaridad intergeneracional, en el que todos los activos (trabajadores o aportantes) de hoy pagan las jubilaciones de los pasivos (jubilados).
Sobre el punto, especificó que el sistema de IPS permita la capitalización colectiva con beneficios definidos y un fondo de reserva, es decir, que todo lo que aporta cada uno pasa a ser de la masa, de todos.
“Es un fondo solidario y de ese fondo se financian las prestaciones, jubilaciones, pensiones, subsidios y todos los beneficios. Lo que sobra se guarda como una reserva”, finalizó, y advirtió que la nueva resolución pone en riesgo todo el sistema.
