Luego de dos años de su presentación, finalmente será tratado hoy el proyecto de “Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos”, que se encuentra en el punto 5 del orden del día de la sesión de la Cámara de Senadores de esta mañana.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), organización impulsora del proyecto, señala que es necesario contar con un mecanismo institucional para la protección de trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos, cuando son víctimas de violencia o incluso amenazas de muerte.
Solo en los últimos días, tres periodistas fueron atacados y amenazados, incluso con balazos en sus viviendas. El secretario general del SPP, Santiago Ortiz, manifestó que la norma es fundamental para dar garantía de un entorno seguro para el ejercicio del periodismo.
Por su parte, Dante Leguizamón, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), señaló que si se contaba con una norma aprobada, ya se hubiese podido activar un mecanismo de protección para los últimos casos de periodistas amenazados de muerte.
El proyecto lleva años de ser dilatado por decisión de Honor Colorado, que si bien en esta ocasión manifestó su apoyo, hizo señalamientos en el transcurso de este tiempo como la falta de recursos, la definición de quiénes son periodistas y quiénes son personas defensoras e, incluso, se intentó eliminar a estas últimas del mecanismo de protección.
Análisis. Las comisiones de Legislación, Derechos Humanos y Hacienda dieron su dictamen por la aprobación. Sin embargo, en Asuntos Constitucionales, sus miembros dejaron ayer sin cuórum la sesión, por lo que no hubo dictamen.
Este hecho tiene relevancia, ya que los senadores cartistas, como Basilio Núñez, anticiparon que su postura dependía de esta comisión, por lo que podría darse una nueva postergación hoy.
Entre los argumentos en contra se encuentra el que manifestó Felipe María González Soley, viceministro de Economía, quien sostuvo que el mecanismo de protección que crea la ley no debería ser autárquico y debería depender de otros ministerios.
El proyecto tiene 41 artículos. El objetivo es cuidar la seguridad de periodistas y defensores en un contexto de riesgo. También se apunta a contar con una respuesta institucional frente a la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
El artículo 4 plantea la creación de un mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, como un ente autárquico, con personería jurídica, derecho público, para el cumplimiento de obligaciones, además de recursos propios.
El ente deberá contar con una comisión de protección, que será la máxima autoridad, y una secretaría ejecutiva, como el órgano técnico.
Sindicato exige al Congreso la aprobación de la ley
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) emitió un comunicado en el que exige al Congreso que sea aprobado el proyecto de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
La aprobación depende del oficialismo, ya que los demás sectores ya manifestaron su visto bueno.
Una de las propuestas del proyecto, que se consideran cambios de fondo, es una modificación del Código Penal, ya que se establece que los hechos de amenazas, lesión, violación de domicilio y lesión a la intimidad contra periodistas y defensores pasen de ser de acción privada a acción penal pública, para que puedan ser delitos perseguidos por el Ministerio Público.
Desde 1991, tras la muerte de Santiago Leguizamón en manos del crimen organizado, 21 periodistas fueron asesinados en Paraguay, por lo que se exige la protección del Estado. También se dieron más de 600 casos de agresiones contra trabajadores de prensa registrados.
Dionisio Amarilla habla de “privilegios” en iniciativa que protege a periodistas
El senador liberocartista Dionicio Amarilla cuestionó de antemano que en el proyecto de ley de protección a periodistas figure un artículo que habla de calumnia, difamación e injuria contra los periodistas de medios de comunicación, sin estar al tanto que dicho artículo fue eliminado. Fue durante el debate realizado ayer sobre el punto en la Comisión de Asunos Constitucionales de la Cámara Alta.
“Si se quiere entablar una demanda contra los periodistas que difaman, entonces seguirá siendo una acción penal privada. ¿Cómo se administra eso en la lógica jurídica?, ¿en qué se sustenta para darles ese privilegio? Esto tiene que ser explicado razonablemente. Si son afectados ellos, acción penal pública; si los demandados son ellos, seguimos con la línea normal, habitual”, expresó Amarilla.
El abogado Dante Leguizamón explicó que la clave es que se está hablando de otros tipos de hechos, como amenazas de muerte. “Esos tipos penales que citó protegen otro bien jurídico, que es la honorabilidad, y eso no está dentro del proyecto; inclusive hay jurisprudencia internacional que recomienda que esos hechos no sigan estando dentro del ámbito penal. La recomendación internacional, a los efectos de asegurar la libertad de expresión, es que esos delitos salgan del sistema penal y que eso no significa que no haya herramientas.”, dijo
“Ahora queda aclarado, porque la propuesta que tenía yo no estaba actualizada. Nadie en su sano juicio se podría oponer a la aplicación de una normativa para que aprendamos a vivir en el marco de la libertad de expresión, y eso debe ser una jugada de partida doble en donde las libertades deben ser respetadas, porque conozco libertades donde buscan torcer la voluntad, porque los intereses donde manejan los medios son intereses”, le respondió el senador.
