El tercer informe presidencial ofrece un balance económico difícil de discutir. La economía paraguaya creció 6,6% en 2025, la mayor expansión en doce años y la mejor de la región, según el Banco Central del Paraguay (BCP). En diciembre de ese mismo año, Standard & Poor’s elevó la calificación soberana a BBB-, con lo que el país sumó su segundo grado de inversión. La inflación cerró en 3,1% y el desempleo se ubicó en 5,3%, el menor registro para un primer trimestre en la serie disponible. Son logros reales, fruto de un manejo macroeconómico responsable sostenido durante más de tres décadas.
Ese desempeño merece reconocimiento. Sin embargo, conviene no confundir el crecimiento económico con la salud de la democracia. Ambos, algunas veces, pueden avanzar por caminos distintos.
El mismo año del segundo grado de inversión, el índice de democracia liberal de V-Dem para Paraguay tocó su punto más bajo. El indicador, que mide en qué grado las elecciones conviven con derechos individuales, igualdad ante la ley y controles legislativos y judiciales sobre el Ejecutivo, siguió mostrando una caída sostenida: pasó de 0,510 en 2010 a 0,419 en 2023 y a 0,38 en 2025.
La tendencia muestra una erosión sostenida de las garantías liberales en los últimos años, no de mejora.
La percepción ciudadana acompaña ese deterioro. Según el Informe Latinobarómetro 2024, apenas el 24% de los paraguayos declaran estar satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Más revelador aún, el 72% afirma que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas, el porcentaje más alto de Sudamérica.
A esto se agrega un dato inquietante, y es que, entre quienes rechazan la democracia, los más jóvenes son mayoría. Según Latinobarómetro, el apoyo juvenil a la democracia es menor que el de los adultos mayores, tal como advirtió Marcelo Alonso en Tereré Cómplice, una señal de alarma para un país donde la democracia tiene apenas tres décadas.
La tensión entre economía y democracia no se origina necesariamente en las elecciones, que se celebran de forma periódica y competitiva, sino en los mecanismos que deben permitir acomodar la capacidad de funcionamiento institucional al ritmo del crecimiento económico.
Samuel Huntington lo advirtió hace más de medio siglo, indicando que cuando el desarrollo económico avanza más rápido que la capacidad de las instituciones para procesar las nuevas demandas sociales, el resultado no es más orden, sino más inestabilidad. Cuando las instituciones no responden, la ciudadanía tiende a dejar de culpar a los gobiernos para culpar a la democracia misma.
Frente a esa tentación, es menester recordar a Amartya Sen, en especial en un país de histórica tradición autoritaria como Paraguay: la democracia no es un premio que se cobra después del desarrollo, sino parte del desarrollo mismo, porque ninguna tasa de crecimiento capturará el valor de poder vivir, disentir y organizarse sin miedo. No nos encontramos allí, pero hay que tomar las señales como un llamado a atenderlas.
Paraguay ha venido impulsando un reconocido proceso de crecimiento económico en las últimas décadas. Pero un país no se mide solo por su tasa de crecimiento o por el juicio de los mercados. Se mide también por su capacidad de limitar el poder, de proteger derechos y de sostener instituciones que funcionen con independencia de quién gobierne. En eso todavía tenemos una deuda, y atenderla es la tarea que el buen desempeño económico no debe hacernos postergar.
