La sentencia definitiva en el marco del juicio de amparo promovido por una mujer identificada como Digna Ortiz en contra de la Municipalidad de Concepción ordenó la entrega de las copias autenticadas de todos los documentos solicitados por la denunciante en el marco de la Ley N° 5282/14 de acceso a la información pública.
Sin embargo, según la abogada Nancy Barúa, representante de Ortiz, la sentencia salió sin número, se lo agregaron luego, y sostuvo que da lugar parcialmente a la garantía de amparo constitucional, siendo que el mismo debe ser total o rechazado. Agregó que tampoco dio plazo a la Municipalidad para la entrega de los documentos solicitados.
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Barúa señaló que en la página 10 de la resolución, también sin número, dice que la Municipalidad deberá entregar a la solicitante las respectivas copias debidamente autenticadas de todo lo solicitado, a entera costa de la accionante, mientras la normativa establece que cualquier persona, sin discriminación de ningún tipo, podrá acceder a la información pública en forma gratuita y sin necesidad alguna de justificar las razones por las cuales formula su pedido.
En la resolución, la jueza Dos Santos indicó que llama la atención el pedido genérico y de muchos años de la recurrente, lo cual implica gran volumen de documentos.
En relación al otro pedido de Ortiz, de que todos los documentos solicitados también sean publicados en el portal digital de la Municipalidad, la magistrada dispuso que sean levantados en la página web los documentos con fecha desde abril de 2016, atendiendo a que la Ley no puede tener efecto retroactivo.
De no cumplir con todo lo ordenado por el Juzgado, el intendente Alejandro Tati Urbieta se expondrá a un nuevo proceso por desacato judicial.
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Ortiz había solicitado copias de comprobantes de los aportes realizados por la Comuna a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, desde el año 2013 hasta mayo de 2019, comprobantes de los aportes del 15% del impuesto inmobiliario a la Gobernación y comprobantes de aportes del 15% del impuesto inmobiliario al Ministerio de Hacienda desde el 2011 hasta el 2019.
Igualmente, las rendiciones de cuenta de la construcción del empedrado sobre la avenida Boquerón, así como de la instalación de cruces semafóricos.
Actualmente Urbieta tiene dos procesos en curso, pero tiene más denuncias en su contra. Uno es por desacato a una orden judicial y el otro por lesión de confianza.
