¿Qué implica realmente la informalidad? Trabajar de forma informal significa, en la mayoría de los casos, que estos trabajadores perciben ingresos bajos, no tienen acceso a seguro médico ni jubilación, carecen de estabilidad laboral y están expuestos a condiciones laborales precarias.
La informalidad, normalizada por la sociedad y las autoridades, devela las serias debilidades estructurales existentes, y su persistencia afecta directamente a miles de personas, restringe su acceso a derechos fundamentales y condena a generaciones enteras a vivir al margen de las garantías del Estado.
La informalidad también tiene graves consecuencias económicas y sociales: Afecta la base tributaria, ya que menos personas y empresas aportan al fisco, lo que reduce los ingresos del Estado para invertir en bienes públicos.
La informalidad fomenta la competencia desleal, pues las empresas que cumplen con la ley enfrentan desventajas frente a aquellas que operan sin regulaciones, lo que desalienta la formalización y la inversión. Además, aumenta la desigualdad porque en ese 62,5% se concentran sectores con menor calificación y mayor vulnerabilidad –como jóvenes, mujeres y trabajadores rurales–, lo que perpetúa la pobreza. Igualmente, se debilita la productividad, por tener menor acceso a tecnología, capacitación y financiamiento, lo que impide que el país avance hacia una economía más competitiva e inclusiva, entre otras cosas.
¿Qué se puede hacer? Desde mi perspectiva –que puede ser muy limitada–, si bien ya existen políticas de combate a la informalidad, estas son insuficientes, sobre todo si carecen de una mirada integral que prioriza solo el pago de impuestos y posterga el cumplimiento de los derechos del trabajador.
Simplificar los procesos de formalización, establecer incentivos fiscales y financieros, facilitar el acceso al crédito y a programas de compras públicas pueden parecer estímulos efectivos desde el escritorio. Sin embargo, todavía falta invertir en capacitación laboral y formación técnica que llegue a todas partes. La educación debe preparar a los jóvenes para empleos de calidad con una visión de largo plazo. Fortalecer la fiscalización laboral es sumamente necesario, pero con una mirada pedagógica más que punitiva. Sería mejor acompañar a las empresas en su proceso de formalización, no asfixiarlas con cargas imposibles de cumplir.
Y cuando hablo de una mirada integral, también me refiero a entender que combatir la informalidad no es solo un deber del Estado. También requiere una actitud responsable por parte de los empleadores y un compromiso de la ciudadanía en general. Muchas veces, la informalidad se reproduce por hábitos culturales, falta de información o incluso por la percepción de que “formalizarse no vale la pena”. Debemos dejar atrás la tolerancia a la precariedad y construir un modelo de desarrollo que integre a todos.
