El fiscal Egidio Borja manifestó este lunes a Radio Monumental 1080 AM que el 9 de febrero pasado recepcionó una denuncia de una persona sobre el hallazgo de un cuerpo en la compañía Potrero Ybaté de San Pedro del Paraná, Departamento de Itapúa.
Se convocó a personal de Criminalística, Investigaciones, forense del Ministerio Público y se hizo el procedimiento de rigor, para lograr identificar a la víctima.
Explicó que en aquella ocasión, el forense había concluido que la probable causa de muerte era “shock hipovolémico” como consecuencia de un corte en el cuello.
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Personal de Criminalística no pudo identificar por medio del sistema AFIS al cuerpo, que finalmente resultó ser de Félix Kanazawa.
El fiscal refirió que se levantaron muestras porque en ese momento no podían identificar a la víctima. Entonces al mediodía de este domingo ordenó
“Yo le había preguntado (al forense) si qué posibilidad había de hacer una autopsia y me dijo que la causa de muerte ya está establecida, entonces conversé con gente del Ministerio Público y en ese momento me dijeron que de manera provisoria se le entierre en el cementerio de San Pedro del Paraná y se consiguió el ataúd”, agregó.
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El representante del Ministerio Público manifestó que le llamó la atención el estado en que se encontraba el cuerpo porque en teoría el fallecimiento se produjo unas 48 a 78 horas antes del hallazgo y en ese momento no se pudo identificar pero sí se tomaron muestras para que en días posteriores se pueda identificarlo.
Al ser consultado si es una práctica habitual enterrar los cadáveres sin ser identificados, respondió que es la primera vez que le sucede y que está hace un año como fiscal en la zona.
Comentó que charlando con los compañeros de trabajo se preguntaron si no había una orden de búsqueda y localización de alguna persona por la zona de Artigas, La Paz o José Leandro Oviedo, pero no existía.
Mencionó que la denuncia de la desaparición de Kanazawa se presentó recién el 13 de febrero y que cuando se encontró el cuerpo ni siquiera sabían que Kanazawa estaba con paradero desconocido.
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También fue consultado por qué el cuerpo no fue enviado en la morgue judicial de Asunción para una autopsia y dijo que en conversación con el forense Fernando Martínez consideraron que no era necesario realizar porque la causa de muerte ya estaba establecida y que estaban pendientes de los trabajos de la policía para su identificación.
Contó que luego de hablar con sus superiores, solicitó una autorización judicial a fin de exhumar el cuerpo y hacer la necropsia.
Le manifestaron que era imposible identificar el cuerpo por el estado de descomposición que tenía.
“Me dijeron que no pudieron identificar en ese momento por eso tomaron muestras y les llevó casi ocho días (identificar)”, expresó.
Manifestó que le llamó la atención el estado de descomposición del cuerpo de Kanazawa, quien desapareció el 7 de febrero y fue hallado sin vida el 9 de febrero.
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“No soy un experto en el tema, pero pareciera ser que llevaba más tiempo (el cadáver en el lugar), porque la desaparición del ingeniero fue el 7 (de febrero) y se halló el cuerpo el 9 (de febrero), son 48 horas, soy inexperto, no sé si por el calor, la humedad, o por qué circunstancias el cuerpo estaba muy descompuesto”, agregó.
Al ser consultado si sobre el cadáver se pudo haber colocado algún producto químico para acelerar la descomposición dijo que no puede responder porque no es experto en la materia.
Por otra parte, al consultarle si no le llamaron desde la Superintendencia o del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para preguntarle porqué se enterró el cuerpo a pesar de no contar con todos los elementos que exigen para esto, respondió que no.
“Yo considero que se realizó conforme a una decisión que se tomó bien pensada y siempre estuvimos pendiente del resultado de Criminalística a los efectos de identificar a la víctima”, expresó.
En el marco de la investigación están detenidos el personal militar Remigio Rubén Llano con el cargo de vicesargento y Óscar Darío Zacarías Maciel, quien habría realizado las compras por valor de G. 80 millones con el celular del fallecido en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.