En tiempos de carnaval, la samba inunda las calles brasileñas, así como otros países danzan sus propios ritmos alegres, en esta costumbre característica del mes de febrero. Cuando la bossa nova nace en los años cincuenta toma características de la samba y le da un tono jazzero y opuesto a la alegría, y allí el maestro de este género, Antonio Carlos Jobim, el gran Tom Jobim, escribía en ese tiempo una hermosa canción que dice: “Los desafinados también tienen corazón”.
Cambiando de carnaval, yendo al que se desarrolla en el ámbito legislativo en Paraguay, donde una claque se ha erigido como juez y parte del sistema de jubilaciones, demostrando que no tienen empacho en apretar el cinturón al pueblo mientras ellos se dan banquetazos con el dinero público. Aquí nuestra bossa triste, o guarania triste que responde a la polca festiva de los parlamentarios, se pregunta: “¿Los privilegiados también tienen corazón?”.
La Caja de Jubilaciones de los Parlamentarios es única en la región, y, probablemente, en el mundo por sus características particulares y asquerosamente desiguales al resto de los trabajadores, ya que un legislador puede obtener una jugosa jubilación con haber trabajado apenas diez años, mientras Juan Pueblo debe deslomarse unos 25 a 30 años.
Lo más ofensivo de este caso es cómo los parlamentarios han venido queriendo tapar o justificar este privilegio sosteniendo que dicha Caja Parlamentaria es una “caja privada”, cuando que ha recibido aportes del Estado por miles de millones de guaraníes a lo largo de estos años.
La jubilación vip parlamentaria nació durante el stronismo y fue administrada por el IPS en sus comienzos, pero se convirtió en una “caja independiente”, que vino modificando sus reglas de juego, eliminando unos años el aporte estatal y luego reincorporando para volver a desangrar al Estado paraguayo en concepto de “subsidio al privilegio”.
En el año 2018, los miembros del Congreso oficializaron en la legislación que la administración de su caja pasara exclusivamente a manos de la Comisión Administradora del Fondo del Congreso de la Nación, y en el 2019 volvieron a plantear que no haya aporte estatal, a la vez que rechazaron un proyecto de ley que planteaba eliminar totalmente la Caja de Jubilación Parlamentaria.
Sin embargo, poco duró este discurso de “somos independientes y nuestra caja es privada”, ya que, a un año de estar Santiago Peña en el sillón presidencial (2024), sin cambiar la ley, los parlamentarios volvieron a pedir un aporte estatal de G. 2.500 millones para la Caja Parlamentaria dentro de un paquete de reprogramación presupuestaria de G. 3.500 millones.
Ya en el Presupuesto General de la Nación del año siguiente (PGN 2025), el Legislativo y el Ejecutivo incluyeron recursos por otros G. 2.500 millones, y para este año, llevaron el monto a G. 4.055 millones para la denominada jubilación vip de los parlamentarios.
Aún con todos estos recursos del Estado lloviendo sobre las arcas de los legisladores para su privilegiado retiro, en agosto del año pasado, dos diputados del oficialismo presentaron un proyecto de ley planteando reformas a la Caja de Jubilación del Poder Legislativo, proyecto que no fue tomado en cuenta y quedó empantanado en los trámites propios del proceso.
Recién cuando el Poder Ejecutivo pretendió llevar adelante y a tambor batiente el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, cuando la propia ciudadanía le gritó en la cara al Congreso que no tenían derecho de manosear la jubilación de otros cuando ellos mismos viven en un régimen jubilatorio de privilegio, fue cuando plantearon que harían también reformas a la Caja Parlamentaria, para tener derecho a tocar la Caja Fiscal.
El resto sabemos: no renunciaron a sus privilegios y las reformas fueron postergadas por falta de votos y la reacción popular. La pregunta sigue en pie: ¿Tienen corazón?
