Reducir el colapso del sistema de salud pública a la cuestión del salario de los médicos es hacer el juego a los sucesivos gobiernos que ni siquiera intentaron resolver los problemas de fondo. El ajuste salarial costaría USD 150 millones, una décima parte de lo que hoy ya debe el Ministerio de Salud a sus proveedores de medicamentos. La cartera tiene un presupuesto de poco más de USD 1.400 millones por año, y la propia ministra Teresa Barán reconoció que para cubrir la demanda actual necesita tres veces más. En ese escenario, conceder o no esos aumentos resulta una cuestión menor. El verdadero dilema es cómo financiar este modelo o cómo cambiarlo y por cuál.
Siendo el presidente un ex ministro de Hacienda, creí ingenuamente que usaría sus conocimientos y el control que ejerce su partido sobre las dos cámaras del Congreso para proponer un cambio radical del sistema. Se ha repetido hasta el hartazgo que este modelo parcelado para cubrir las necesidades de salud no funciona. Hoy tenemos a un cuarto de la población recurriendo al IPS, a los funcionarios con seguros privados pagados con dinero público, a militares y policías con hospitales propios y al resto de la población dependiendo del Ministerio de Salud.
Tenemos a un ejército de administradores haciendo contrataciones y compras, cada uno por su parte, repitiendo servicios en los mismos lugares y generando escenarios fantásticos para las sobrefacturaciones, las licitaciones amañadas, las contrataciones por padrinazgo político y la corrupción sistematizada.
El financiamiento depende de los impuestos, de los aportes compulsivos de trabajadores formales y sus empleadores, y de alguna que otra “donación” de las binacionales en el marco de los gastos sociales ejecutados arbitrariamente al margen del presupuesto del Estado. En este caos institucional es prácticamente imposible trazar un plan para optimizar los gastos y, sobre esa base razonable, plantear otras formas de financiamiento.
Hay propuestas que son obvias. Aplicar tasas especiales a la comercialización de productos que tienen un enorme impacto en la salud y que genera en consecuencia cuantiosos gastos al Estado no solo es justo, es absolutamente necesario.
Sin ir muy lejos, la sola aplicación de una tasa de G. 2.000 por cajetilla de cigarrillo generaría –según cálculos de la senadora colorada Blanca Ovelar– cerca de USD 700 millones por año, suficiente para apagar los incendios más urgentes. Recordemos que más del 90% de los cigarrillos que se fabrican en el país no se consumen aquí, terminan en el mercado brasileño, principalmente.
Paraguay aplica un impuesto de hasta el 22% al tabaco; Brasil, un tributo del 67% más una tasa adicional por cajetilla de casi G. 3.000. Claramente, los G. 2.000 adicionales en Paraguay no matarán el negocio.
Lo mismo se puede hacer con la venta de alcohol y bebidas azucaradas. En absoluto es necesario tocar los impuestos al consumo en general, como el IVA, que son los que más afectan a la mayoría de la población de ingresos medios o bajos. Por eso, resulta obvia la intención de algunos referentes del oficialismo –como el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez–, que cuando dicen que prefieren evitar una suba de impuestos, se refieren exclusivamente al IVA o a la renta personal. El objetivo es satanizar de entrada el debate sobre otros ajustes, como el que afectaría a las tabacaleras, el negocio estrella del principal líder y financista del partido de gobierno.
Pero volvamos al tema de fondo. La administración del presidente Santiago Peña cumplió ya su tercer año. Tuvo viento de cola en la economía, con un crecimiento constante, sin pandemias ni desastres naturales y con el control del Congreso; y, sin embargo, no ha dado un solo paso hacia una reformulación del sistema de salud. La huelga de los médicos es solo más ruidosa porque, a diferencia de los pacientes, ellos sí pueden manifestarse organizadamente. Pero este es un lamento diario, una cruz espantosa que debe cargar cualquiera que cometa la estupidez de enfermarse en un país donde la vida vale menos que un pucho.
