En Paraguay hay fechas que se festejan por ley y otras que se ignoran por costumbre. El 30 de agosto pertenece a esta segunda categoría: ni un acto, ni una corona, ni un discurso de ocasión. Nada. Como si la fecha misma no figurara en el almanaque oficial.
El Día Internacional del Detenido Desaparecido —nacido en 1981 por reclamo de las familias latinoamericanas que buscaban a sus muertos sin tumba— se conmemora en buena parte del continente con actos, homenajes, nombres leídos en voz alta. Aquí no. Aquí el silencio es tan prolijo que ni siquiera necesita excusarse.
Porque no se trata de que el Estado paraguayo conmemore mal o conmemore poco: directamente no conmemora. Los 35 años de persecución sistemática durante el stronismo —con desapariciones, exilios, torturas documentadas y una maquinaria represiva que dejó su propio archivo administrativo, como si la represión también necesitara prolijidad contable— quedaron reducidos, en la memoria oficial, a un capítulo que nadie tiene obligación de abrir. Ni siquiera un día al año.
Esa ausencia no es casualidad, es método. Un país que de verdad hubiera cerrado cuentas con su dictadura tendría, como mínimo, un acto protocolar el 30 de agosto —aunque fuera solo para la foto, aunque fuera solo para que un funcionario leyera tres párrafos escritos por otro y se fuera corriendo—. Ni eso. La lógica parece ser tan simple como cruel: lo que no se nombra, no incomoda. Y lo que no incomoda, no exige explicaciones sobre por qué la identificación de restos avanza tan despacio, ni sobre por qué tantos apellidos de la época siguen ocupando cargos, comisiones y directorios como si el pasado fuera un currículum más y no una deuda pendiente.
Comparemos, de paso, con cuánto ruido se hace para otras fechas. Hay actos por el día del funcionario público, actos por aniversarios de instituciones que nadie recuerda cuándo se fundaron, actos por prácticamente cualquier excusa que permita cortar una cinta o dar un discurso frente a una bandera. Pero para recordar a 423 personas que un día salieron de su casa y no volvieron, no se consigue ni una mención en la agenda oficial. La jerarquía de lo que merece un acto en este país queda, así, dolorosamente clara.
Mientras tanto, los familiares siguen esperando. No un feriado, no una ceremonia con discursos de cinco minutos que nadie escucha: esperan que el Estado, alguna vez, reconozca que la desaparición forzada fue política pública, ejecutada con recursos públicos, por funcionarios públicos, y no una serie de hechos aislados que le pasaron a “otros paraguayos” en otra época que no nos toca. Pero para reconocer algo hay que primero nombrarlo en voz alta, en un acto, con testigos.
Y aquí ni siquiera llegamos a ese primer paso, el más barato de todos, el que no cuesta ni un guaraní del presupuesto.
Así que este 30 de agosto, como tantos otros, pasó sin pena ni gloria por el calendario paraguayo. No hubo negación explícita, no hizo falta: alcanzó con no decir nada. Y en un país que sabe callar mejor que nadie, ese silencio absoluto —tan bien administrado, tan sin fisuras— es, quizás, la forma más honesta y más perturbadora de negacionismo que existe.
