La absolución por unanimidad de la ex jueza Tania Irún vuelve a colocar bajo una incómoda lupa la calidad de las investigaciones y la capacidad del Ministerio Público para sostener sus acusaciones en los estrados judiciales. Esta vez no se trata simplemente de una sentencia absolutoria, resultado siempre posible dentro de un sistema de garantías, sino de un fallo en el que el propio Tribunal de Sentencia cuestionó severamente la forma en que fue construida y sostenida la hipótesis fiscal.
El colegiado concluyó que la Fiscalía no logró demostrar los hechos que sustentaban la acusación por prevaricato contra la ex magistrada. La decisión fue unánime. Pero uno de los aspectos más relevantes del fallo radica en la crítica formulada a la metodología de la investigación: los jueces advirtieron la existencia de un “sesgo de confirmación”, es decir, una investigación orientada a respaldar una conclusión previamente asumida, dejando de lado elementos que podían conducir a una interpretación diferente de los hechos.
La acusación había llevado a juicio una hipótesis que, finalmente, no pudo ser corroborada con la suficiencia probatoria necesaria durante el debate oral. La Fiscalía incluso había solicitado una condena de tres años de privación de libertad para Irún. Sin embargo, el Tribunal concluyó que los extremos de la acusación no fueron demostrados y dispuso la absolución de la ex jueza.
El episodio trasciende, por tanto, el caso particular. Cada vez que una acusación de relevancia pública llega a juicio y el órgano jurisdiccional reprocha a la Fiscalía no haber podido sustentar con pruebas sus propias afirmaciones, corresponde preguntarse si el problema es coyuntural o si existen deficiencias estructurales en la formación de quienes investigan y acusan en nombre del Estado.
Investigar un hecho punible no consiste en confirmar una sospecha. Tampoco en construir una narrativa y buscar posteriormente los elementos que puedan sostenerla. La función investigativa exige formular hipótesis, contrastarlas, buscar tanto los elementos de cargo como aquellos que puedan debilitar la teoría inicial y, finalmente, llevar a juicio únicamente aquello que pueda ser demostrado con pruebas legítimas, pertinentes y suficientes.
Por eso, este nuevo episodio debería abrir una discusión mucho más profunda. Las facultades de Derecho necesitan reenfocar la formación de los futuros operadores de Justicia. El conocimiento memorístico de la ley resulta insuficiente para quien deberá investigar hechos complejos, dirigir equipos técnicos, comprender evidencia especializada y construir una teoría del caso capaz de resistir el contradictorio de un juicio oral.
También resulta necesario endurecer los requisitos para el acceso a la carrera fiscal. Ser agente del Ministerio Público no puede ser entendido como una simple consecuencia de poseer un título de abogado. La responsabilidad de investigar y promover la persecución penal exige competencias específicas, rigurosidad intelectual, capacidad de análisis probatorio y una sólida comprensión de la metodología de la investigación.
Pero, sobre todo, Paraguay necesita avanzar decididamente hacia una verdadera especialización de sus fiscales. Los delitos económicos, la corrupción, el crimen organizado, los hechos ambientales, la criminalidad informática y las investigaciones patrimoniales demandan conocimientos que la formación jurídica generalista no siempre proporciona.
La absolución de Tania Irún no solo cierra un proceso. También deja una advertencia institucional: una acusación no se sostiene con convicción, sospechas o titulares. Se sostiene con pruebas. Y cuando el Tribunal debe recordar al órgano acusador esa premisa elemental, la discusión sobre la calidad de la investigación penal vuelve a ser inevitable.
