En el año 1979 el premio Nobel de Literatura, el mexicano Octavio Paz, escribió un libro titulado El ogro filantrópico, que conmocionó a la clase política del país azteca. En ese momento el PRI llevaba más de 50 años de gobierno.
En el libro, Paz denuncia el uso y abuso que hacían los políticos del PRI del Estado mexicano, otorgando enormes beneficios a los empleados públicos, a los empresarios amigos y a sus millones de simpatizantes.
Cualquier similitud con nuestro país no es pura coincidencia. El esquema de poder que ha permitido tener un Partido Colorado hegemónico en estos últimos 70 años tiene muchas similitudes con el esquema que permitió que el PRI gobernara a México desde el año 1929 hasta el año 2000.
En nuestro país, en estos últimos días nuestro “ogro filantrópico” estuvo más activo que nunca, otorgando un subsidio absolutamente irracional a los combustibles y aprobando en la Cámara de Diputados un descabellado aumento salarial del 63,6%, a un grupo de funcionarios del Poder Judicial.
El otorgamiento de subsidios es de por sí una decisión política extremadamente difícil porque se quita a unos para otorgar a otros y su implementación debe ser cuidadosamente elaborada para no distorsionar el funcionamiento de la economía y no generar mayores problemas sociales en el futuro.
La ley que aprobó el subsidio a los combustibles se aprobó “entre gallos y medianoche”, sin ningún análisis racional para su implementación y sin evaluar sus impactos. La ley aprobada tiene vicios desde todo punto de vista, desde lo constitucional hasta lo económico y social.
Desde lo constitucional porque dicha ley viola flagrantemente el artículo 107 de nuestra Constitución, que dice textualmente: “No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre competencia”.
Desde lo económico, porque dicho subsidio no tiene una clara fuente de financiamiento, lo que nos llevará a aumentar aún más nuestro ya abultado déficit fiscal.
Desde lo social porque en lugar de aprobar un subsidio focalizado en las personas más vulnerables, se ha otorgado un subsidio general que beneficia claramente a los operadores privados de Petropar, a algunos transportistas y a algunos propietarios de autos que, incluso, pueden ser de alta gama.
Pero el aumento salarial del 63,6% para los actuarios judiciales aprobados en Diputados es potencialmente aún mucho más dañino que el subsidio a los combustibles, porque genera un precedente nefasto para que todos los empleados del sector público e incluso del sector privado pidan un aumento similar.
Si se otorga este sideral aumento salarial, los beneficiados serían los empleados públicos y privados, que tienen la suerte o el privilegio de trabajar en la formalidad.
Pero este grupo representa menos del 30% del total de la población económicamente activa, mientras que más del 70% que trabaja por cuenta propia o en la informalidad no tendrá acceso a ese beneficio.
La semana pasada estuve participando en un panel realizado en el Banco Central del Paraguay, donde se festejaron los 70 años de su creación y de su gran logro, la estabilidad macroeconómica. En ese evento me cupo la oportunidad de reiterar una advertencia que me había hecho el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti: “Cuiden que los políticos no desbarranquen a la economía”.
Este es un año extremadamente difícil, con sequía interna, guerras internacionales y una inflación mundial y lo estamos enfrentando con un Gobierno muy débil, con una clase política enfrascada en la lucha electoral y con un populismo rampante.
El riesgo que corremos es que nuestra estabilidad macroeconómica lograda con mucho esfuerzo y en muchos años, sea “desbarrancada” por este “ogro filantrópico”. La sociedad civil debe estar atenta y organizada para evitar que se sigan tomando decisiones que comprometen cada vez más nuestro ya problemático futuro.
