El significativo dato de que la Contraloría General de la República (CGR) haya cobrado más de G. 2.000 millones en concepto de multas a funcionarios por incumplimiento en la presentación de sus declaraciones juradas, durante los últimos cinco años, nos remite precisamente a la importancia del requisito de transparencia en la función pública. Para lograr un verdadero cambio en el Paraguay, es esencial que los ciudadanos vean a sus autoridades electas y a todos los funcionarios públicos dando el ejemplo de honestidad y compromiso.
Se supone que este no debería ser un requisito muy difícil de cumplir, ya que, como es sabido, el objetivo esencial del ejercicio de la política es el servicio: el servicio a los ciudadanos y a que, como resultado directo del trabajo de las autoridades electas, todos ellos puedan acceder a un mejor nivel de vida y alcanzar el bienestar.
La realidad, lamentablemente, nos enfrenta a diario con escenarios muy diferentes y alejados de este tan elevado ideal.
En términos de reacciones, sobre este tema, el presidente Santiago Peña sufrió muy recientemente lo que podríamos denominar un resbalón.
Cuando tuvo que responder preguntas de periodistas sobre una publicación en concreto, que revelaba que este posee una mansión valuada en USD 2 millones en la ciudad de San Bernardino, en el Departamento de Cordillera, y que en su declaración jurada aparece tal inmueble pero solamente con el valor del terreno, el jefe del Ejecutivo reaccionó como si las preguntas de la prensa fueran un ataque a su persona, calificando la publicación sobre su mansión como un ataque mediático.
Parece haber olvidado Santiago Peña que él ocupa el cargo más importante del país, nada menos que la presidencia de la República, y, por lo tanto, él es el más importante funcionario público del país, y como tal está obligado a rendir cuentas al pueblo de sus actividades.
Tampoco ha considerado un hecho importante, que la prensa y su ejercicio libre y sin presiones es fundamental para una democracia, pues sin prensa libre no puede haber democracia. Cuando los periodistas indagan y preguntan no lo hacen cuestionando solo a Santiago Peña, sino que lo hacen al funcionario público encargado de administrar y organizar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, el responsable de administrar los recursos públicos.
El requisito de la transparencia, tan fundamental y tan necesario es inevitable para todos aquellos hombres y mujeres que trabajan en instituciones públicas, ya sea como autoridades electas por voto o como funcionarios. Precisamente por esto, resulta preocupante el dato publicado por Última Hora, de que la Contraloría General de la República cobró más de 2.000 millones de guaraníes en multas a funcionarios públicos que incumplieron la presentación de sus declaraciones juradas durante los últimos cinco años. En una lista parcial de 150 funcionarios que pagaron estas multas aparecen un ex ministro de la Corte y muy cuestionados intendentes.
Principalmente conforman la lista de funcionarios que pagaron multas por no presentar sus declaraciones juradas en tiempo y forma, concejales municipales de todo el país, en total aparecen 72 concejales departamentales entre los funcionarios que integran la lista. En la lista proveída por la Contraloría aparecen también 24 funcionarios de binacionales, entre ellos 15 que figuran en Itaipú y otros nueve de Yacyretá.
Si bien la misma Constitución Nacional obliga a presentar la declaración de bienes, todo servidor público debería mostrar la iniciativa de responder acerca de su situación patrimonial y su compromiso de luchar contra la corrupción pública.