El 18 de febrero, un corte de energía sumió en la oscuridad a millones de paraguayos, lo que perjudicó a una parte importante del territorio nacional. En los días posteriores, los cortes continuaron y evidenciaron la fragilidad del sistema energético del país y de la ANDE, como su principal responsable. Es urgente que se solucionen los acuciantes y estructurales problemas que afectan la calidad de la provisión de energía eléctrica con medidas que se financien de manera equitativa y justa.
La debilidad del sistema no es un fenómeno fortuito, sino la consecuencia directa de décadas de desinversión en transmisión y distribución. Esta carencia de recursos está ligada a la precaria situación financiera de la ANDE. Expertos del sector coinciden en que esta institución opera a pérdida porque la tarifa no refleja el costo real del servicio. Si bien la decisión de mantener baja la tarifa busca proteger la economía, el efecto perverso es la asfixia financiera de la empresa estatal, impidiéndole realizar las inversiones necesarias para mantener y expandir su infraestructura .
La ANDE requiere inversiones cercanas a los 500 millones de dólares anuales para cubrir el aumento sostenido de la demanda con la debida calidad. Sin embargo, la falta de recursos genuinos la obliga a depender de financiamiento externo. Si bien se anunciaron proyectos de inversión para el corto plazo, parecen insuficientes frente a la dimensión del déficit acumulado.
La situación se agrava con las pérdidas millonarias que la empresa sufre anualmente debido a ineficiencias técnicas y, principalmente, al robo de energía, en especial las derivadas de las conexiones ilegales para la criptominería. Este drenaje de recursos en un contexto de estrechez financiera configura un círculo vicioso: La falta de inversión genera un sistema frágil y con pérdidas, que a su vez profundiza el déficit que impide invertir.
En este contexto de vulnerabilidad energética y falta de recursos financieros, el Gobierno ha promulgado dos decretos que establecen tarifas eléctricas preferenciales y subsidiadas para atraer inversiones extranjeras en sectores de alto consumo.
Para algunos analistas, las tarifas preferenciales estarían por debajo del costo real de la energía y generarían pérdidas para la ANDE. Desde diversos ámbitos se han realizado denuncias entre las que se encuentran el subsidio a determinados sectores de alto nivel de ingresos que profundizará el déficit financiero de la referida empresa estatal. Estos mismos sectores sostienen que, mientras se subsidia a empresas extranjeras que generan poco empleo, se prepara un “tarifazo” para los hogares y pequeños comercios con el fin de cubrir el agujero fiscal, o en su defecto se condena al sistema a un deterioro aún mayor por falta de inversión.
La necesidad de ingresos de la ANDE para garantizar su sostenibilidad y la calidad del servicio implica un reajuste tarifario. Esta situación se contrapone a la estrategia gubernamental de ofrecer tarifas subsidiadas a industrias electrointensivas extranjeras, que lejos de ser una medida positiva para el país, tiende a profundizar el problema al desfinanciar aún más a la empresa pública.
Paraguay se encuentra en una disyuntiva fundamental o se toman medidas para sanear las finanzas de la ANDE priorizando la inversión en el sistema y una tarifa justa para todos los sectores, o se continúa por la senda de debilitar a la estatal para favorecer intereses privados, lo que inexorablemente conducirá a un futuro de apagones más frecuentes, racionamiento de energía y pérdida de soberanía sobre su recurso estratégico más valioso: La energía hidroeléctrica.
La resolución de esta tensión definirá no solo la calidad de vida de los paraguayos, sino el modelo de desarrollo económico del país en las próximas décadas.
Es totalmente inaceptable implementar medidas que contribuyan a empeorar la situación de la infraestructura energética y, más aún, si estas terminarán profundizando desigualdades, tanto en el acceso a energía de calidad como al costo.
