El sistema de Justicia debe estar preparado para afrontar próximos desafíos. Tiene en sus manos casos sensibles que aún deben definirse en distintas instancias, tanto en el ámbito investigativo de la Fiscalía como en el del Poder Judicial. El ideal es que la Justicia actúe con objetividad e imparcialidad y que determine la inocencia o la culpabilidad con base en evidencias, libre de influencias exógenas. Casos significativos la ponen hoy a prueba. En algunos juicios emblemáticos ha dado señales positivas que deben replicarse.
La Justicia en el Paraguay ha tenido sus vaivenes, pero en diversos casos también ha dado señales positivas que no pueden desconocerse. Un fallo trascendente en su momento, que aún resuena fue –por citar uno– la condena a siete años de cárcel por declaración falsa y enriquecimiento ilícito contra el todopoderoso Óscar González Daher (+), quien fuera senador nacional y precisamente manejaba a su antojo a fiscales y jueces. En tanto, su hermano Ramón González Daher, quien también tenía tentáculos para maniobrar, fue condenado a 15 años de prisión por lavado y usura. Posteriormente, recibió otras condenas.
Pero a medida que pasa el tiempo el sistema de Justicia debe afrontar más desafíos, casos relevantes que deben resolverse todavía en diversas instancias. Fiscales y jueces cuentan con las herramientas jurídicas adecuadas para actuar y llegar a fondo en sus investigaciones e intervenciones. Pero para ello también deben saber aguantar las presiones del poder para aplicar objetivamente la ley, especialmente cuando se trata de políticos. Asimismo deben cortar las chicanas, que retardan procesos.
En este contexto, hay que señalar algunos casos de gran impacto en los que recientemente se emitieron decisiones en diferentes niveles.
Días pasados, el senador Erico Galeano, una persona expuesta políticamente (PEP), recibió una condena de 13 años de cárcel de un Tribunal de Sentencia por lavado y asociación criminal, por sus vínculos con el narco uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. La Fiscalía pidió 17 años de cárcel. La causa surgió de las operaciones en A Ultranza Py. El juicio duró seis meses. “Erico Galeano apoyó operativamente a la organización transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre el 2020 y 2021”, dijo el Tribunal.
Para los jueces, quedó, asimismo, comprobado que el senador colorado recibió dinero proveniente de actividades ilícitas. Los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos entendieron que Galeano prefirió usar mecanismos de ocultamiento.
El senador (está libre) podrá recurrir a la Cámara de Apelaciones, incluso puede llegar a la Corte.
Asimismo, Apelaciones recientemente ratificó la condena de diez años de cárcel para el ex gobernador de Central Hugo Javier González, por el desvío de G. 5.000 millones. Él litiga en libertad. Puede llevar su caso a la máxima instancia.
Otro caso que llama la atención es el que afecta a Arnoldo Wiens, precandidato a la presidencia por la disidencia colorada. El juez Humberto Otazú admitió la imputación de la Fiscalía contra Wiens, pero solo por lesión de confianza, no por daño a obras construidas. La imputación es por la paralización de las obras del Metrobús en el 2018, además de la destrucción de las edificaciones realizadas, según los fiscales. Señalan que se ocasionó al Estado un perjuicio de G. 14.955 millones. Los fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti presentaron la imputación por ambos delitos y luego la ratificaron, pero el juez admitió solo por uno.
Se cuestionó que el fiscal Grisetti integre el equipo de fiscales, ya que este acompañó la imputación planteada anteriormente por el fiscal Aldo Cantero contra Mario Abdo y otros por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Seprelad. Supuestamente existió confabulación de Pedro Ovelar, abogado del denunciante Horacio Cartes, con Cantero para la imputación. Saltaron unos chats entre ambos.
Otra investigación que tiene diversas aristas es la de la mafia de los pagarés, que se debe profundizar. Aparte está el caso del ex diputado Orlando Arévalo, imputado por cohecho pasivo agravado (coima).
En todos los procesos, la Justicia debe atenerse solo a hacer su trabajo, esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades sin importar los colores partidarios o las facciones. Ese es el ideal que se pretende de un sistema que investigue sin sesgo y que defina con claridad en sus fallos inocencia o culpabilidad con base en las evidencias.
