La situación económica de las mujeres en Paraguay presenta una importante paradoja. A pesar de contar con niveles educativos iguales e incluso superiores a los de los hombres, persisten brechas en los ingresos, calidad del empleo y el acceso a posiciones de liderazgo. En un contexto en el que las mujeres representan el 49,8% de la población nacional y encabezan el 38,5% de los hogares, su plena incorporación al mercado laboral en condiciones de igualdad no es solo una cuestión de justicia social, sino un imperativo para el crecimiento y desarrollo.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2024, revelan que las mujeres paraguayas de 15 años y más registran un promedio de 10,0 años de estudio, superando levemente a los hombres, que alcanzan 9,8 años. Esta ventaja educativa, sin embargo, no se traduce en mejores condiciones económicas.
El 82,3% de los hombres se encuentran en el mercado laboral frente a solo el 59,2% de las mujeres, las tasas de desocupación son mayores en las mujeres y empeoran si son jóvenes.
El análisis de la categoría ocupacional muestra una marcada concentración en sectores de alta vulnerabilidad: El 30,5% trabaja por cuenta propia, el 16,2% es trabajadora doméstica y el 8,0% es trabajadora familiar no remunerada. Esta estructura ocupacional refleja lo que la literatura especializada denomina “segregación ocupacional”, es decir, el mercado laboral ubica a las mujeres en lugares de baja valoración social.
Las dos primeras ocupaciones tienen bajos e inseguros ingresos laborales, mientras que la tercera ocupación ni siquiera tiene remuneración. Los niveles de inclusión en la seguridad social son casi nulos; por lo tanto, estas mujeres, a pesar de trabajar gran parte de su vida, cuando envejecen se empobrecen y terminan dependiendo de algún familiar o la caridad de la comunidad.
La brecha en los ingresos constituye otro de los indicadores más importantes de la desigualdad. El ingreso promedio mensual de las mujeres ocupadas es de 2.625.000 guaraníes frente a 3.341.000 guaraníes de los hombres.
Estas cifras adquieren mayor gravedad si se considera que el 39% de los hogares paraguayos tienen jefatura femenina, lo que significa que la desigualdad salarial y la mala calidad del empleo impactan directamente en las condiciones de vida de miles de familias.
Si bien la situación de las mujeres muestra avances en términos educativos y de participación laboral a lo largo de este siglo, también se evidencia la persistencia de desigualdades estructurales que limitan su autonomía económica.
Para transformar esta realidad se requiere una acción coordinada entre el Estado y el sector empleador, ya que incluso con las trabajadoras asalariadas o en ocupaciones en relación de dependencia se mantienen la discriminación salarial y la exclusión de la seguridad social.
Las políticas públicas deben avanzar hacia la formalización laboral, el cumplimiento de las normas laborales, la formación profesional pertinente, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que emplean o cuyas propietarias son mujeres. Por su parte, es importante implementar prácticas de gestión que eliminen las brechas salariales, promuevan la corresponsabilidad y valoren el talento femenino en todos los niveles organizacionales.
El desafío de fondo implica remover las barreras culturales que naturalizan la desigualdad y reconocer que la equidad de género en el ámbito económico no es solo un derecho, sino una condición para la economía y el desarrollo del país. Las mujeres paraguayas, con su creciente protagonismo en la jefatura de hogares y en la actividad económica, demandan respuestas concretas que trasciendan los discursos y se traduzcan en transformaciones estructurales duraderas.
