La causa penal 2269/2025, en la que Camila Antonella Arámbulo Garibaldi aparece imputada por hurto agravado y el periodista argentino Nicolás C. Morás como víctima se ha convertido en un ejemplo paradigmático de las carencias institucionales del país.
Lo que comenzó como una denuncia por la sustracción de una importante suma de dinero terminó derivando en una trama de alto impacto institucional: denuncias cruzadas, restricciones contra la víctima y su defensa, sospechas sobre magistrados y fiscales, una fuga internacional pese a una orden de captura vigente y señalamientos públicos que conectan el caso con redes políticas de mayor peso.
El contexto regional agrava la lectura. Estados Unidos ha endurecido su política contra estructuras criminales transnacionales, incluyendo la designación de carteles como organizaciones terroristas extranjeras y sancionadas globalmente.
Esa decisión cambió la forma en que Washington observa la relación entre narcotráfico, corrupción política, justicia y seguridad hemisférica. En paralelo, Paraguay profundizó su alineamiento con Estados Unidos mediante el acuerdo SOFA, aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2026, que regula la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense en actividades de cooperación, entrenamiento, ejercicios conjuntos y asistencia frente a amenazas transnacionales.
El país ingresa así en una etapa de cooperación militar, policial y judicial más estrecha con Washington, justo cuando un caso penal local proyecta sombras sobre la independencia del sistema judicial paraguayo.
Conexiones políticas en el caso Arámbulo
Una reciente publicación del medio argentino RealPolitik –Premio Martín Fierro a Investigación Periodística– colocó el expediente en un plano más delicado. Según esa investigación, Arámbulo estaría siendo protegida por operadores vinculados al entorno del ex senador colorado Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal.
A su vez, se señala a fuentes que consignan a Gerardo Bobadilla, presidente del Consejo de la Magistratura, por dar instrucciones en público para “blindar” a la imputada.
El dato central es la irrupción de Ricardo Estigarribia Chávez como nuevo abogado de Arámbulo. No se trata de un defensor cualquiera: fue abogado del ex senador Erico Galeano durante el proceso derivado del operativo A Ultranza Py, vinculado a la estructura narco de Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
En marzo de 2026, Galeano fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal, un desenlace que convirtió su defensa en símbolo de una estrategia judicial y mediática finalmente derrotada por el peso de las pruebas.
Guadalupe Correa y la mirada internacional
La intervención de Guadalupe Correa elevó todavía más la temperatura del caso. Desde Washington D.C., Correa es miembro del Centro Presidencial Wilson, profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, codirectora del Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, y una especialista en crimen organizado, frontera y seguridad internacional.
Correa ha vinculado en reiteradas ocasiones el caso Arámbulo con una red de protección política y judicial, señalando a Gerardo Bobadilla, Erico Galeano, Ricardo Estigarribia Chávez y Ana María Esquivel como nombres que colocan al Poder Judicial paraguayo bajo una mirada de preocupación internacional, justo cuando Estados Unidos refuerza su vigilancia sobre corrupción, narcotráfico y justicia en nuestra región.
“Si Paraguay pretende presentarse como socio confiable de Estados Unidos, receptor de inversiones y aliado en la lucha contra el narcotráfico, no puede permitir que un expediente con ramificaciones tan sensibles sea percibido como ejemplo de blindaje político, impunidad selectiva o utilización del sistema judicial contra la víctima, un periodista reconocido. ¿Qué queda entonces para el ciudadano común?”, sostuvo Correa.
La fuga, las irregularidades y los funcionarios bajo presión
El episodio de la fuga de Arámbulo hacia Roma sigue siendo una de las zonas más escandalosas del expediente. Última Hora informó que la imputada logró salir del país el 20 de septiembre, apenas 24 horas después de emitirse una orden de captura por su incomparecencia a la audiencia de imposición de medidas, pese a que la resolución ya estaba cargada en el sistema de la Policía Nacional. Luego, desde Italia, publicó imágenes de un viaje de lujo.
Lo más controvertido vino después: la misma magistrada que había emitido la orden, la jueza Ana María Esquivel, decidió levantarla basándose en un informe de su ujier Evelyn Brítez. Según la publicación, Brítez alegó que no pudo notificar a la imputada por carecer del expediente físico, aunque el sistema es digitalizado, contradicción que derivó en una denuncia penal por incumplimiento de deberes presentada por la abogada Noelia Quintana Shaffer.
En esta trama quedan severamente expuestas la jueza Ana María Esquivel, la fiscala Amelia Bernal Jara, la fiscala Verónica Mayor y el camarista Dionisio Frutos Serrati.
En el caso de Mayor, la controversia se agrava por el pedido de sobreseimiento provisional en una causa donde la querella denuncia confesiones grabadas que aguardan hace meses pericia del Laboratorio Forense, numerosos testigos ofrecidos por Morás y elementos documentales.
En el caso de Frutos Serrati, Última Hora recogió versiones sobre una supuesta reunión entre el camarista, la imputada y la esposa de su anterior defensor, Fermín Bogado, reunión que, de haberse producido, sería ilegal. La Facultad de Derecho de la UNA separó de sus cátedras a Bogado tras esta polémica, la última de una larga lista.
Omar Bula y la “perversión judicial” de Esquivel
A esa lectura se suma la voz de Omar Bula Escobar, diplomático colombiano, experto de Naciones Unidas, formado en Harvard y con dos décadas de servicio en el organismo en Europa, África y América Latina. Consultado anteriormente por Última Hora, Bula fue terminante: dijo sentirse indignado por el nivel de impunidad, negligencia y “perversión judicial” del caso, y sostuvo que no solo se revictimiza al periodista Nicolás Morás, sino que se pone en tela de juicio el Estado de derecho en Paraguay.
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Las denuncias instrumentales contra Morás y su defensa
Uno de los hechos más importantes de las últimas semanas fue la desestimación de la denuncia de violencia doméstica promovida por Arámbulo contra Noelia Quintana Shaffer, abogada de Morás.
El juez de Paz Rogeth Chaparro levantó la orden de restricción y desestimó la denuncia tras considerar incorrecto el uso de la Ley 1600. Quintana Shaffer, a su vez, impulsó una querella por falsa denuncia, abriendo un nuevo frente judicial contra la imputada.
Este antecedente es decisivo. Si la Justicia ya entendió que una denuncia de violencia doméstica no podía ser usada para amordazar a la abogada de la víctima, el mismo estándar debe aplicarse frente a las acciones promovidas contra Nicolás C. Morás.
Correa destacó: “La denuncia por violencia familiar, carente de sustento y claramente obstructiva según la querella, debe ser desestimada tanto en su presentación bajo la Ley 1600 por el juez de Paz de Trinidad Alejandro Delvalle Casola como en su presentación penal, a cargo de la fiscala titular de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, Alejandra Savorgnan, para impedir que una herramienta concebida para proteger a verdaderas víctimas sea convertida en mecanismo de persecución contra quien denunció un hurto agravado aportando evidencias sólidas que, pese a un evidente favoritismo procesal, fundamentaron la imputación de Arámbulo”.
Y añadió a Última Hora: “Lo mismo debe observar el fiscal Silvio Rubén Alegre, de Sede 1 Asunción, frente a la denuncia por desacato que Arámbulo habría instrumentado tras regresar de su escandalosa fuga a Roma, con el aparente propósito de reprender a Morás por visibilizar una situación de gravedad institucional extrema”.
Estigarribia, Bobadilla y la hipótesis de una protección desde arriba
La incorporación de Ricardo Estigarribia Chávez terminó de cerrar el círculo político. Según RealPolitik, tres fuentes consultadas por ese medio sostienen que el abogado, vinculado a sectores de Honor Colorado y defensor del condenado Erico Galeano, habría mantenido reuniones personales con Gerardo Bobadilla, titular del Consejo de la Magistratura, para influir en la actuación de la fiscala Verónica Mayor y de la jueza Ana María Esquivel, con el objetivo de avanzar hacia un sobreseimiento provisional de Arámbulo.
“De confirmarse, estaríamos ante algo mucho más grave que una defensa penal agresiva. Estaríamos frente a una presunta operación de protección institucional”, remató la académica.
El caso Arámbulo se transformó en una prueba de estrés para Paraguay, en este instante mide la capacidad del país para demostrar que sus jueces, fiscales y operadores no están subordinados a redes políticas, favores corporativos ni a estructuras atravesadas por el crimen organizado.
La cooperación con Estados Unidos no será únicamente militar o policial. También implicará una observación más dura sobre los sistemas judiciales que permiten, toleran o encubren maniobras de impunidad.
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No se descarta, incluso, la visita de una comisión internacional para relevar las irregularidades denunciadas y seguir de cerca la evolución de los expedientes.
La joven Camila Antonella Arámbulo Garibaldi, de 30 años, había sido imputada por el delito de hurto agravado de una importante suma de dinero de la caja fuerte de su ex pareja, el periodista argentino Nicolás C. Morás.
El hecho se denunció el 10 de mayo del 2025; sin embargo, ella logró fugarse de la Justicia durante el mes de setiembre. La denunciada no ejerce la carrera de abogacía y se dedica a publicitar inversiones online, presentándose como “trader digital” a través de redes sociales.
