Benítez fue trasladado en horas de la mañana desde la Penitenciaría Nacional de Emboscada hasta la sede judicial para participar de la audiencia en la que finalmente se resolvió sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa.
El dirigente campesino fue imputado por el Ministerio Público por invasión de inmueble, asociación criminal y coacción grave tras el intento de ocupación de la estancia Lucipar, ocurrido el pasado 5 de diciembre.
Según los antecedentes del caso, Benítez no se presentó inicialmente ante la Justicia luego de la imputación, situación que derivó en la solicitud de prisión preventiva por parte de los fiscales encargados de la investigación.
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Posteriormente, el activista se puso a disposición de las autoridades judiciales y fue remitido a la cárcel de Emboscada, donde permaneció recluido durante cerca de dos meses mientras avanzaba el proceso penal en su contra.
Tras varios intentos impulsados por su defensa para obtener una medida alternativa, el magistrado resolvió este jueves concederle el arresto domiciliario con el uso obligatorio de una tobillera electrónica para el control de su ubicación.
De acuerdo con la resolución judicial, Benítez deberá fijar domicilio en la zona de Los Azahares, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, donde permanecerá bajo vigilancia electrónica mientras continúan las investigaciones y el proceso judicial relacionado con la causa.
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La decisión marca un cambio en la situación procesal del conocido dirigente social, quien seguirá sometido a las disposiciones de la Justicia, aunque ya fuera del régimen penitenciario.
