El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) resolvió, por mayoría, dejar sin efecto la designación de encargaduría en tres cátedras del profesor Fermín Bogado, además de disponer su separación temporal de otras tres cátedras en las que se desempeñaba como docente escalafonado, medida adoptada a resultas de un proceso de sumario administrativo en curso.
La decisión institucional adquiere especial relevancia debido a la exposición pública del docente en el marco de la polémica causa de hurto agravado que tiene como víctima al periodista argentino Nicolás C. Morás e involucra a su ex pareja, la abogada Camila Antonella Arámbulo Garibaldi, también egresada de la misma casa de estudios.
Bogado se desempeña como defensor público de la imputada, cuya situación judicial ha generado controversia nacional e incluso atención internacional.
Diversos observadores y analistas han seguido el caso con preocupación. Entre ellos se encuentran Guadalupe Correa Cabrera, especialista en narcotráfico, seguridad y frontera, con trayectoria en programas vinculados al gobierno de Estados Unidos y consultora del Banco Mundial; Omar Bula, ex director de Naciones Unidas; y Rubén Luengas, periodista ganador de dos premios Emmy de la Academia Nacional de Televisión de Estados Unidos.
Señalamientos sobre la actuación judicial
El foco de la controversia se amplificó tras una serie de hechos ocurridos durante el proceso judicial.
Según distintos testimonios y denuncias públicas, Fermín Bogado habría mantenido contactos con la jueza penal de garantías de Lambaré, Ana María Esquivel, quien actualmente retiene el expediente de la causa, pese a haber sido recusada.
En esas gestiones también habría intervenido la ujier Evelyn de Britez, compañera universitaria de Arámbulo en la UNA.
Estas actuaciones se vinculan con el levantamiento de una orden de captura que la propia jueza Esquivel había emitido previamente, luego de que Arámbulo no se presentara a su audiencia de imposición de medidas cautelares el 19 de septiembre.
Posteriormente, la imputada abandonó el país, pese a encontrarse en situación de rebeldía, realizando un viaje a Roma en avión en clase Business y con estadías en hoteles cinco estrellas, episodio que fue recogido por medios de comunicación nacionales e internacionales.
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En un informe inicial, Evelyn de Britez sostuvo que no había podido notificar a la imputada sobre la audiencia, debido a que no contaba con una copia física del expediente judicial.
Sin embargo, la causa se tramita en un sistema plenamente digitalizado, circunstancia que generó fuertes cuestionamientos.
Posteriormente, la propia funcionaria reconoció inconsistencias en su versión, lo que derivó en una denuncia penal por incumplimiento de deberes del funcionario público, presentada por Noelia Quintana Shaffer, abogada del periodista Nicolás Morás, víctima del hurto agravado.
La denuncia fue asignada a la Unidad Fiscal Nº 4 de Lambaré, encabezada por Amelia Bernal Jara, agente que además fue la fiscal original de la causa 2269 de hurto agravado.
La actuación de Bernal también ha sido objeto de cuestionamientos, debido a que durante meses se negó a convocar a indagatoria a la imputada, situación que habría contribuido a la pérdida de grabaciones de seguridad del hotel donde Arámbulo confesó el delito.
De acuerdo con las actas notariales de desgrabación que constan en el expediente público, existen registros de audio en los que Arámbulo habría admitido el hurto, sabiendo que estaba siendo grabada.
En dichas grabaciones —que actualmente se encuentran en proceso de peritaje en el laboratorio forense— la imputada habría reconocido haber utilizado guantes de enfermería pertenecientes a su amiga Antonia Giménez para evitar dejar huellas dactilares en la caja fuerte sustraída.
En ese mismo material, según la denuncia, Arámbulo habría solicitado un acuerdo para devolver el dinero y evitar la cárcel, afirmando incluso estar convencida de que no iría presa.
Sin embargo, los registros habrían sido desatendidos por la fiscal Bernal, quien también ha sido señalada por actuar con pasividad frente a la denuncia contra la ujier Britez.
Reuniones con fiscales y pedido de sobreseimiento
El caso adquirió una dimensión adicional cuando fuentes de la Fiscalía de Lambaré declararon al medio argentino RealPolitik que Amelia Bernal habría visitado en tres ocasiones la oficina de la fiscal interina Verónica Mayor, titular de la Unidad Fiscal Nº 3.
Esto habría ocurrido luego de una reunión en la que habrían participado Arámbulo y un contador, acompañados por Fermín Bogado. Posteriormente, Verónica Mayor solicitó el sobreseimiento provisional de la imputada, contrario a la acusación presentada por la querella.
Además, la fiscal Verónica Mayor se negó a brindar declaraciones al diario Última Hora cuando fue consultada sobre estas actuaciones.
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Horas más tarde, el portal argentino RealPolitik publicó una investigación en la que se detallaban presuntas reuniones irregulares entre Mayor y su colega la recusada Amelia Bernal, quien a su vez habría mantenido encuentros previos en su despacho de la fiscalía de Lambaré con Arámbulo y con un contador, en el marco de las gestiones vinculadas a la causa.
Sobre este escenario, Guadalupe Correa Cabrera, experta de la Universidad George Mason, declaró que “la fiscal Verónica Mayor se negó a responder mis preguntas sobre este irregular proceso donde se violaron las garantías constitucionales de Nicolás Morás, quien ha sido amordazado y revictimizado ante una maquinaria impune. Personajes como Fermín Bogado, Amelia Bernal y Ana María Esquivel colocan al Poder Judicial paraguayo bajo la mirada de preocupación de la administración Trump”.
Otro episodio que despertó interrogantes fue la visita de Arámbulo y de la esposa de Fermín Bogado —la también funcionaria Silvia Noemia Aquino— al camarista Dionisio Frutos Serrati, de la Cámara de Apelaciones de San Lorenzo, apenas dos días antes de que confirmara la controvertida libertad ambulatoria de la imputada.
En paralelo, el juez de paz Rogeth Chaparro resolvió recientemente levantar una medida cautelar de silencio o “mordaza judicial” que había sido solicitada por Arámbulo contra la abogada Noelia Quintana Shaffer, desestimando la denuncia tras un uso considerado incorrecto de la ley 1600 de violencia doméstica.
Polémica por publicaciones en Instagram
A esta cadena de polémicas se sumó un episodio reciente que volvió a generar indignación.
Arámbulo publicó en su cuenta de Instagram imágenes del pedido de sobreseimiento provisional presentado en su favor por la fiscal Verónica Mayor, exhibiéndolo públicamente como si se tratara de un trofeo personal.
Según trascendió, la imputada habría amenazado con acciones legales a personas de su entorno si esas capturas eran filtradas a la prensa, en lo que diversos observadores interpretaron como un intento de intimidación para impedir la difusión de información de interés público.
La situación también reavivó interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de defensa pública, ya que Arámbulo cuenta con asistencia gratuita del Ministerio Público mientras exhibe en redes sociales viajes de lujo, como el ya mencionado viaje a Roma con hospedaje en hoteles cinco estrellas.
En relación con estas denuncias paralelas, Correa Cabrera advirtió que “es urgente la desestimación de las denuncias falsas de violencia doméstica y desacato contra el señor Morás, presentadas ante las fiscalías de Alejandra Savorgnan y Silvio Rubén Aguirre, así como ante el Juzgado de Paz de Trinidad. Estas acusaciones carecen de exámenes médicos, testimonios o cualquier indicio mínimo de prueba y fueron realizadas después de la denuncia por hurto agravado, como represalia mafiosa contra el legítimo ejercicio del periodismo y los derechos constitucionales de la víctima”.
La experta también cuestionó la actitud pública de Fermín Bogado, quien recientemente fue señalado por agredir a un camarógrafo del diario Última Hora y por descalificar al denunciante calificándolo peyorativamente como “youtuber”, pese a que Nicolás Morás es miembro de la Asociación Española de Prensa. “El mundo entero observa lo que ocurre en Paraguay y se pregunta por la calidad institucional de su sistema judicial”, apuntó Correa Cabrera.
La separación de Fermín Bogado de sus cátedras en la Facultad de Derecho de la UNA se produce así en un contexto de creciente escrutinio público y académico, mientras continúan abiertas diversas actuaciones administrativas y judiciales vinculadas a una causa que ha trascendido el ámbito nacional y ha puesto en el centro del debate la transparencia del sistema judicial paraguayo.
