05 dic. 2025

Paraguaya que habría robado suma millonaria viajó a Europa, pese a tener orden de captura

Según la denuncia del afectado, el periodista argentino Nicolás Morás, la mujer (que sería su ex pareja) aparentemente viajó a Italia, pese a tener una orden de captura por hurto agravado.

Antonella Arámbulo

La joven habría hurtado en el mes de mayo una millonaria suma de la caja fuerte del periodista.

Foto: Gentileza.

Una joven egresada de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Camila Antonella Arámbulo Garibaldi, de 30 años, se encuentra imputada por el delito de hurto agravado de una importante suma de dinero de la caja fuerte de su ex pareja, el periodista argentino Nicolás C. Morás.

El hecho se denunció el 10 de mayo del 2025; sin embargo, ella logró fugarse de la Justicia durante el mes de setiembre. La denunciada no ejerce la carrera de abogacía y se dedica a publicitar inversiones online, presentándose como “trader digital” a través de redes sociales.

Según consta en el expediente judicial de la causa 2269/2025, la joven logró escapar del país a pesar de una orden de captura vigente. La situación ha generado un gran revuelo, debido a que Arámbulo presumió en un video de Facebook un viaje que realizó a Roma, Italia.

El Juzgado Penal de Garantías Nº 3 de Lambaré dictó su orden de captura el 19 de setiembre, pero al día siguiente la joven denunciada realizó su viaje por vía aérea.

La jueza Ana María Esquivel, quien inicialmente ordenó la captura de Arámbulo y la declaró en rebeldía en el marco de la causa, levantó la orden con base en un informe presuntamente falso de la ujier Evelyn Monserrat Adorno Soria de Brítez,quien sostuvo que no se podía notificar a Arámbulo por la falta del expediente físico, a pesar de que el sistema se encuentra digitalizado.

Denuncia en la Corte Suprema de Justicia.

El equipo de abogados de Morás presentó la denuncia formal ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia contra la ujier involucrada en el caso, alegando un desempeño deficiente en sus funciones y solicitando una investigación exhaustiva sobre su actuación en el juicio. Además, evalúa medidas legales contra otros funcionarios si se determina que hubo irregularidades en su proceder.

Previamente tuvieron que recusar a la agente fiscal original, Amelia Hortensia Bernal Jara, alegando que su pasividad generó la pérdida de una importante grabación de seguridad de gran valor para la investigación.

bbx_237718463_aram.jpg

La jueza Ana María Esquivel, quien inicialmente ordenó la captura de Arámbulo a quien declaró en rebeldía en el marco de la causa levantó la misma en base a un informe falso presentado por una ujier.

Foto: Gentileza.

En la nueva audiencia de imposición de medidas, celebrada el 21 de octubre, la jueza Esquivel concedió la libertad ambulatoria a la imputada, pese a que la Fiscalía y la querella habían solicitado su arresto domiciliario y prisión preventiva, respectivamente, en vista a las evidencias recolectadas y la demostrada capacidad de la imputada para evadir a la Justicia.

A esto se suma que, además de lograr fugarse, Arámbulo recibió el beneficio de la libertad ambulatoria a pesar de haber presentado un certificado de cumplimiento tributario vencido como prueba de arraigo, y la escritura de una camioneta de su abuela paterna, sin la titular ni autorización de ningún tipo, lo que constituye una caución inválida.

La Cámara de Apelaciones, presidida por el juez Dionisio Frutos Serrati, confirmó la resolución de la jueza Esquivel, sin expedirse al respecto. Esta semana, Frutos Serrati se negó a brindar una aclaratoria solicitada por la querella respecto a su resolución, por lo que es probable que la disputa escale a la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente el fiscal interino del caso es Juan Carlos Ruiz Diaz, de la Unidad Fiscal 5 de Lambaré, quien deberá proseguir con la investigación de esta causa que ya despierta interés en el mundo.

El periódico español La Opinión publicó una columna de la catedrática e investigadora del Gobierno norteamericano, Guadalupe Correa Cabrera.

La misma se titula “Caso Arámbulo: El dilema de la Corrupción Judicial en Paraguay” y explica como este escándalo compromete la imagen del país e inclusive empaña las relaciones diplomáticas con Washington DC.

Más contenido de esta sección
Desde la Coordinadora de víctimas de la mafia de los pagarés lanzaron fuertes críticas contra la Corte, luego de que los ministros defendieran el trabajo realizado en la trama. Sin embargo, los afectados sostienen que la CSJ está dominada por la mafia e insistieron en el pedido de juicio político. “Las acciones son insuficientes”, afirman.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú se opuso a sobreseer definitivamente a los representantes de las empresas Serfin SA y Presto SA, involucrados en la causa de la mafia de los pagarés que habrían perjudicado a funcionarios del SNPP. Las víctimas se manifestaron ante el Poder Judicial para exigir justicia. “Ustedes no saben lo que es que cada mes te quede G. 200.000", reclamaron.
Los abogados de Gianina García Troche, ex pareja del presunto narcotraficante prófugo Sebastián Marset, pidieron a la jueza Rosarito Montanía su libertad inmediata, ya que según la ley si el juez demora en resolver una revisión de medidas, dice que se entiende que la libertad fue concedida de manera automática.
“Por ser mujer y llevar un hijo en el vientre, ella fue asesinada de esa manera”, dijo la jueza Cristel Muller, luego de comprobarse de que Víctor Cantero, pareja de María Ramona Cardozo, fue quien la asesinó. El terrible crimen había sucedido en el Cerro Cristo Rey de Caacupé, donde la golpeó e incineró.
Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de Eulalio Lalo Gomes, no confía en la Justicia paraguaya, por lo que decidió aceptar la extradición simplificada al Brasil, donde es requerido por delitos internacionales de tráfico de drogas, crimen de blanqueo de capitales y delito de organización criminal. Como él es brasilero, con naturalización paraguaya, busca ser juzgado allá.
Los ministros de la Corte defendieron la depuración de más de 23.000 expedientes de la mafia de los pagarés en Asunción y Central, tres proyectos de ley remitidos al Congreso y otras acciones que hoy las víctimas no ven como solución ante los descuentos. Uno de los ministros reiteró que son “muy respetuosos de la independencia de los magistrados” y que no pueden inmiscuirse en los procesos.