El Poder Ejecutivo promulgó la modificación de la Ley 1015 que Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, que forma parte del paquete de normativas conocidas como “leyes antilavado”.
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, destacó la importancia de la promulgación de estas normativas y aseguró que esto marcará un hito histórico para el país, que sienta las bases para el combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y al financiamiento de armas.
Las principales modificaciones que se realizaron son la incorporación de juzgados penales económicos especializados, modificaciones en la ley de transparencia de las sociedades anónimas, un procedimiento especial para el comiso, cambios en la ley de terrorismo, inmovilización de bienes, modificación de la ley de la Senabico, la tipificación de sobornos, entre otros.
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En principio, se hablaba de que serían 12 las leyes presentadas en este marco. Sin embargo, con la fusión de algunos proyectos quedó en 10.
El presidente del Congreso, Blas Llano, destacó el papel de los parlamentarios en el desarrollo, análisis y aprobación de estas normativas. Mencionó que durante este proceso, las comisiones especiales se reunieron con autoridades del Gafi.
El paquete de leyes inició su proceso luego de que en noviembre del 2018 se haya realizado una Cumbre de Poderes, en la que se analizaron las recomendaciones del Gafi y se evaluaron las vulnerabilidades del país.
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Estas iniciativas se enmarcan en el esfuerzo del Gobierno y el Parlamento para adecuar la normativa local y la de sus instituciones en la lucha contra delitos financieros transnacionales, contrabando, corrupción y los asociados al terrorismo como el lavado de activos.
El país es objeto, actualmente, de una evaluación del Gafilat para determinar si las medidas aplicadas, tanto en el sector público como en el privado, son efectivas para hacer frente a esas acciones ilícitas.
Paraguay, que estuvo en la lista gris de países no cooperantes entre 2008 y 2012, por sus debilidades en la lucha y prevención del lavado de activos, es también foco de atención de Estados Unidos por el movimiento financiero en Ciudad del Este, en la zona de la Triple Frontera, donde convergen los límites de Argentina y Brasil.
