Lo que se asoma con las listas parásitas de familias, amigos y operadores de la clase política enchufados a la teta pública es apenas la punta del iceberg lo que sobresale de un modelo de Estado que no sirve para lo que fue diseñado: Solucionar los problemas comunes de quienes financian su existencia.
Si los municipios no tienen capacidad para ordenar el crecimiento de las ciudades y reducir riesgos básicos; si los ministerios no tienen los recursos para diseñar y aplicar con éxito una política pública de salud, educación o seguridad; si la justicia no tiene la independencia ni el coraje suficientes como para hacer cumplir la ley, toda la sangría económica que supone mantener el aparato del Estado se convierte en un robo descarado, un acto de pillaje perpetrado por una minoría republicana que descubrió como mantenerse en el poder repartiendo las migajas del botín… O con la mera promesa de hacerlo.
No es que los administradores de turno del Ejecutivo no tengan la voluntad de resolver nuestros problemas, lo que les falta es el coraje necesario para depurar las instituciones que tienen que resolverlos. No se puede pensar en una política pública de educación mientras los nombramientos de maestros, directores, administradores y supervisores estén atados a las exigencias de los operadores políticos regionales. En carteras como salud o educación no puede haber un solo cargo ocupado por alguien cuyo único mérito sea la lealtad política o el talento para cazar votos. Es una cosa o la otra. Es imposible mantener el modelo de estado prebendario y pretender con esa herramienta tumefacta aplicar con éxito cualquier campaña educativa o de salubridad.
La situación es todavía mas desalentadora si bajamos a las organizaciones comunales ¿Cuántos municipios tienen personal capacitado para ordenar el crecimiento urbano? ¿Cuántos urbanistas, expertos en transporte publico, manejo de residuos y desagüe pluvial creen ustedes que hoy forman parte del personal municipal? ¿Qué porcentaje del funcionariado de las intendencias y gobernaciones ingresó exclusivamente por su filiación política? ¿Cuántos de ellos pasarían un examen básico de méritos y aptitudes?
¿Qué beneficio puede generarle al usuario de la ANDE la contratación masiva de parientes y operadores de diputados, senadores y ministros en las dos hidroeléctricas del país? ¿Qué gana el ciudadano común con la legión de asesores jurídicos, comunicacionales, odontológicos, nutricionales y hasta esotéricos que cuelgan de las nominas del Congreso?
Como ven, la prole de los legisladores cuyos casos saltaron a la palestra son apenas el racimo de ácaros que sobresale en el hocico de la res pública. Todo el resto del animal está infestado de hematófagos que no solo desangran las arcas publicas, además inutilizan el cuerpo del estado.
Pocos entienden tan bien la gravedad del problema como el actual presidente de la República. Santiago Peña es economista y fue ministro de Hacienda y conoce por experiencia propia cuan difícil resulta –por no decir imposible– mejorar la gestión del estado con administradores cuya función se ha limitado siempre a sorber y repartir dinero público.
Y es que aún si esos gestores de origen político decidieran de pronto desarrollar la función que viene con el cargo jamás podrían hacerlo con éxito porque sencillamente carecen de la ciencia y el talento para ello.
Por supuesto que desparasitar la función pública es una tarea inmensa que llevará décadas. Pero para empezar el proceso se necesita de señales, gestos que nos digan que este presidente está dispuesto a iniciar la limpieza, aunque con ello deba enfrentar a su propio partido. La ANR no puede seguir reteniendo el poder sobre la base de un modelo que destruye la razón de ser del estado. Los vampiros de turno pueden creer que el sistema es eterno, pero nada lo es. Peña debe decidir si quiere ser uno más de esa vieja cofradía o empuñar la estaca del cambio. Drácula o Van Helsing.
