Luis Fernando Alegre León, actual director interino de Gabinete del Consejo de la Magistratura y de Patrimonios, según sus declaraciones juradas tuvo un crecimiento económico notable en los últimos tres años, pasando de tener un patrimonio neto de G. -70 millones en el 2023, a G. 849 millones en el 2026. Según él, todo está respaldado y fue por el trabajo que realizó desde la Procuraduría.
Alegre León figura como funcionario público de esta última entidad estatal desde marzo del 2021, siendo procurador delegado y de ahí fue comisionado a otras instituciones.
El hombre es del mismo grupo gremial de los hermanos Marco Aurelio González, ex procurador de la República, y Jose’i González Maldonado, ex director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS).
También del mismo movimiento de Gerardo Bobadilla, presidente del Consejo de la Magistratura, quien fue el que pidió su traslado temporal al Consejo de la Magistratura.
El pedido lo hizo el 6 de mayo y al día siguiente, 7 de mayo, el encargado de despacho Rubén Elidio Gaona ya firmaba su comisionamiento, para que cumpla funciones desde el 8 de mayo al 31 de diciembre de este año.
Luis Fernando Alegre León ahora aparece como director de Patrimonios y coadyuva como jefe de Gabinete de la Presidencia del Consejo, un cargo no comisionable, según fuentes.
LOS CAMBIOS. ÚH analizó sus declaraciones juradas que aparecen en el portal de la Contraloría, donde figura que Alegre León, en el 2021, había reportado G. 37 millones en depósitos un patrimonio neto de apenas G. 16 millones, lo cual fue decayendo en el siguiente año, en el 2022, cuando tuvo un saldo negativo de G. 70 millones. Mismo patrimonio desfavorable lo reportó en el año 2023.
En el siguiente año, el 2024, no se subió ninguna declaración y en el 2025 da un salto importante, ya que aparece un monto caudaloso en comparación con los anteriores.
Ese año, su patrimonio neto subió a G. 973 millones, gran parte de ellos lo tenía en cajas de ahorro y cuentas corrientes en los bancos Ueno, Sudameris e Itaú.
Alegre León informó que tenía un salario de G. 14.000.000, más otros G. 8.500.000, más bonificaciones, siendo procurador delegado.
CAMBIOS EN EL 2026. Este año, una vez comisionado al Consejo de la Magistratura volvió a presentar una declaración jurada el pasado 1 de junio. Allí aparece un patrimonio neto de G. 2.238.000.000, monto que llamó la atención, siendo que en el 2023 mostraba un capital en rojo. De ese monto sideral, G. 1.258.000.000 eran en parte de cajas de ahorro y cuentas corrientes.
Además, según el documento, incorporó inversiones por G. 880 millones en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA).
La declaración también incluye un terreno adquirido en 2025 en José Falcón, valuado en G. 52,6 millones, y una camioneta Toyota RAV4 valuada en G. 95 millones.
Con esos datos, daba cuenta de que Alegre León pasó de G. 16 millones en 2021 a G. 2.238 millones en 2026, es decir, que aumentó en más de G. 2.222 millones en 5 años.
Sin embargo, el funcionario volvió a presentar una actualización el 16 de junio (luego del contacto de ÚH), donde cambiaron los montos. De los G. 2.238 millones, reportó solo un patrimonio neto de G. 849 millones, apuntando que de las cuentas de ahorro se usaron G. 948 millones en los últimos 15 días.
Tampoco aparecieron unos G. 440 millones de los CDA. Alegre León dijo que hubo un error y solo se duplicaron.
En 15 días
El funcionario presesentó una declaración jurada el 1 de junio, donde aparecía un monto elevado en las cuentas de ahorro. El 16 de junio volvió a presentar una actualización, donde ya no aparecieron G. 948 millones, dando a entender que ese monto se usó en los últimos quince días.
Funcionario se defiende y alega que todos sus movimientos fueron reportados a la DNIT
Fernando Alegre León fue consultado por el Diario Última Hora respecto al crecimiento económico en los últimos años, a lo que él respondió que todo lo reportado ante la Contraloría se trata de sus ingresos siendo procurador delegado y que todo es legal.
Expresó que no se trata de sus salarios que recibía mes a mes, sino de los honorarios profesionales que reguló en los diferentes juicios que participó.
Refirió que la Ley N° 6837/2021 establece la estructura orgánica de la Procuraduría y regula la figura de los procuradores delegados, que les permite regular honorarios.
“Me paga la contraparte, la perdidosa, que debe pagar los costos y costas del juicio”, dijo Alegre, aclarando que no es el Estado el que le otorga esos honorarios. Confirmó que esos montos ya no recibe, que percibió hasta el 2025, después de los juicios.
“Está todo respaldado, no tengo nada que esconder”, detalló el funcionario.
Dijo que, incluso, todo fue reportado a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pero que desde comienzos del año está sin movimientos, debido a que ya no regula honorarios.
Pese a eso, en los últimos quince días habría usado los G. 948.000.000 que se desconoce si se reportó.
Ataque gremial. Según Fernando Alegre, que haya salido a luz sus declaraciones juradas entre los tantos funcionarios del Consejo podría tratarse de un ataque gremial, ya que forma parte del mismo movimiento político del presidente del CM, Gerardo Bobadilla, quien desea volver a tener una banca en la institución.
