Al mismo tiempo, el funcionario citó que las tarifas promedios (sin IVA) que pagan los usuarios de consumo intensivo por niveles de tensión son actualmente los siguientes: Muy alta tensión, (220 kV), 44,34 USD/MWh; alta tensión (66 kV), 48,63 USD/MWh; linea exclusiva media tensión, 51,23 USD/MWh; y red media tensión ANDE, 59,76 USD/MWh.
“Las actividades de consumo intensivo especial se rigen por tarifas especiales, que contemplan cargos por potencia reservada y energía consumida, diferenciados según nivel de tensión, que se encuentran muy por encima a las correspondientes a las actividades de industrias en nuestro país”, indicó el gerente comercial de la estatal.
Rolón Fernández añadió que para la administración eléctrica este grupo de consumo es muy importante, “considerando una ventana de oportunidad para la venta de energía eléctrica dentro del país, con contratos que permiten cierta flexibilidad de desconexión por parte de la ANDE, para no afectar el servicio en horas de máxima demanda”. Insistió en que la facturación mensual a los suministros es realizada en dólares y se establece una garantía de consumo que es tres veces el consumo mensual de un determinado suministro, “permitiendo a la institución mejoras importantes en los ingresos que permiten cubrir sus compromisos y obligaciones financieras, así como seguir realizando las inversiones necesarias para la mejora de la calidad en el servicio de energía eléctrica”.
Intervención de locales ilegales
Por otro lado, Hugo Rolón también relató que la estatal realizó durante el 2025 un total de 15 intervenciones relacionadas con criptominerías que operaban de manera ilegal las cuales representaban una potencia total intervenida y desactivada de 4.048 kVA, estimando un daño mensual de G. 1.254.653.400. “En cuanto al combate a las criptominerias ilegales, se ha reducido en un 95 por ciento por todas las acciones que viene realizando la ANDE para combatir el robo de energía eléctrica, coordinadamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional, así como la aplicación rigurosa de la Ley 7300/24 que establece penas carcelarias de hasta 10 años por robo de energía”, contó el profesional. En cuanto al detalle de las intervenciones, se distribuyen de la siguiente manera: Cuatro en media tensión (2.800 kVA); y 11 de menor envergadura en baja tensión (1.248 kVA). “La potencia total intervenida en 2025 es de 4.048 kVA, (y) representa una carga significativa para el sistema eléctrico, especialmente considerando que la criptominería es una actividad de alto consumo, funcionamiento permanente (24/7) y elevada exigencia para las redes de distribución y transmisión”, señaló el ingeniero. Añadió que cuando este tipo de consumo se realiza de manera irregular o clandestina produce una sobrecarga de transformadores y líneas; aumenta el riesgo de fallas técnicas, incendios y cortes del suministro; afecta la calidad del servicio para usuarios regulares; e incrementa las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema.