El mandatario se está tomando su tiempo, pese a que fue su sector político, encabezado por Gustavo Leite, el que impulsó la normativa, y la versión aprobada fue la que el mismo Ejecutivo remitió al Congreso, con sus modificaciones.
La ley es calificada de persecutoria hacia las disidencias en la sociedad civil, ya que como indican Gafi, la OEA, la ONU, Amnistía Internacional y otros organismos, se utiliza el argumento de la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero para establecer controles desproporcionados a las organizaciones no gubernamentales, y desalentar su participación en la sociedad, su libertad de asociación y estigmatizar el activismo público.
Peña se encuentra en una encrucijada, ya que la ley no provino de su iniciativa y no es conveniente para su gobierno en el marco de su política de relaciones internacionales.
De hecho, el canciller Rubén Ramírez Lezcano no se pronunció hasta ahora sobre la ley, debido a que es candidato a secretario general de la OEA, organización que alertó sobre el peligro del avance de estas normativas en varios países del mundo. La presión crece en estos días límites para la promulgación o veto.
