En su primera sesión ordinaría de este año, la Cámara de Diputados se ratificó en el rechazo al proyecto de ley “que establece obligación de los altos funcionarios del estado de presentar declaración jurada de intereses, y modifica el Art. 9° de la Ley N° 276/94”.
Este fue el cuarto trámite legislativo que provino del Senado, en su primera vuelta fue rechazado en Diputados y posteriormente ratificada la aprobación en la Cámara de origen.
La normativa buscaba establecer la obligación de los altos funcionarios del Estado de presentar declaración jurada de intereses y modifica un artículo de la ley orgánica y funcional de la Contraloría General de la República. Con ello se pretendía que no entren en conflicto los intereses de los funcionarios con su rol en el Estado.
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Sin embargo, el diputado Derlis Maidana, por la Comisión de Constitucionales, argumentó que si bien la ley se constituiría en una herramienta de transparencia dijo que es necesario establecerse una entidad diferente a la Contraloría General de la República, pues dicha institución se ve sobrepasada.
“Con la tarea de recibir y analizar las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, el cotejo de estos y el examen de correspondencia, darle una nueva tarea implica darle algunos ajustes presupuestarios para ampliar su capacidad en recursos humanos e infraestructura”, objetó el legislador.
Además, Maidana señaló que el documento presenta ambigüedades y no es precisa en la calificación de intereses contrapuestos en los funcionarios.
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La diputada Kattya González, de la Comisión de Legislación, también abogó por el rechazo al proyecto, pero por motivos distintos a los esgrimidos por Maidana.
“Este proyecto tiene no solamente varias deficiencias formales, sino que no es justamente abarcante en todo el espectro de funcionarios públicos que deben prestar declaración jurada de intereses”, fundamentó.
Adelantó que se encuentran finiquitando la presentación de un proyecto de ley que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, y amplía la ley que prohíbe el nepotismo en función pública.
“Muchos dirán: ‘por qué no hacen las modificaciones’, y es porque finalmente vamos a trabajar más que el proyectista, y eso es una falta de respeto”, concluyó.
