El proyecto de ley sobre financiamiento político que busca la trazabilidad de los fondos de las campañas, desde las internas partidarias, a fin de evitar el dinero sucio es objeto de debate en medio del receso parlamentario.
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Entre las reformas propuestas por la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), se establece que “los candidatos de cada movimiento interno partidario deberán llevar un registro de los ingresos que percibieron y los gastos en que incurrieron durante todas las campañas electorales internas, incluyendo las elecciones de autoridades partidarias”.
La proyectista insiste en que “la gente tiene que saber lo que su candidato está recaudando”. Sostiene que aprobar estas modificaciones es un “deber ciudadano”. “Los partidos reciben subsidios y, por ende, los ciudadanos debemos meter nuestra cuchara”, aseguró Vallejo.
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Además, denunció que desde los grupos con participación mayoritaria se pretende desvirtuar la esencia del proyecto de ley.
Los colorados cartistas calificaron al proyecto de ley de “inaplicable” y los diputados estarán planteando varias modificaciones en la sesión.
Así también, la Asociación de Bancos del Paraguay remitió al titular de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Arnaldo Franco, una nota donde señalaron “su profunda preocupación con la redacción propuesta, pues no tiene viabilidad operativa”.
El diputado liberal llanista Édgar Ortiz calificó las propuestas de modificaciones como “un disparate”. “Estamos mirando, pero hay cosas que no me cierran”, aseguró a los medios de prensa.
Por su parte, el diputado cartista Basilio Núñez aseguró que ellos introdujeron los cambios –que al parecer de la proyectista se desvirtúa el objetivo original– debido a que recibieron notas de diferentes instituciones.
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“Nosotros estamos tratando el tema de financiamiento político. Venimos a defender lo que es viable. ¿Cómo vamos a pedirle RUC a una candidata de Carmelo Peralta? Ustedes (medios) están defendiendo a partidos que no tienen internas”, dijo.
Según el proyecto, los partidos políticos se convertirán en sujetos obligados a prevenir el lavado de dinero, es decir, deberán reportar situaciones sospechosas.
En uno de los puntos se encuentra la obligatoriedad de presentar una declaración de intereses, que se refiere a la información del sector económico al que está ligado el candidato, como por ejemplo, el bancario o el del combustible.