A criterio del diputado cartista Basilio Bachi Núñez, el proyecto sobre financiamiento político que busca la trazabilidad de fondos de las campañas desde las internas partidarias a fin de evitar el dinero sucio, carece de operatividad y es inaplicable.
La modificación planteada por iniciativa de la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), afecta al artículo 64 del Código Electoral y establece que “los candidatos de cada movimiento interno partidario deberán llevar un registro de los ingresos que percibieron y los gastos en que incurrieron durante todas las campañas electorales internas, incluyendo las elecciones de autoridades partidarias”.
Si se aprueba la modificación, esto pretende regir desde las internas municipales del próximo 12 de julio de este año.
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Sin embargo, el cambio quedaría en la nada, ya que los colorados pretenden que la normativa se mantenga tal cual está actualmente y no sean los candidatos quienes presenten su declaración jurada y la rendición de cuentas, sino los movimientos.
“Nosotros estamos poniendo de nuestra parte, pero no estamos de acuerdo en que la declaración jurada se presente por candidato, sino por movimiento”, reiteró Núñez a radio Monumental 1080 AM.
El diputado argumentó que la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) también manifestó su preocupación por la normativa. “Ellos dicen que están profundamente preocupados porque la propuesta no tiene viabilidad operativa”, expresó.
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Por otra parte, Núñez adelantó que los diputados colorados presentarán otros puntos que podrían ser viables para implementar la trazabilidad de los fondos.
“Plantearemos que los ordenadores de gastos, ya sean los candidatos o precandidatos a intendentables, a las gobernaciones y otros, presenten una declaración jurada y que abran una cuenta bancaria”, agregó.
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El pleno de Diputados se reúne este martes a las 9.00 para analizar el proyecto, que una vez sancionado debe pasar a consideración del Senado.
Para que la normativa entre en vigencia para las próximas Elecciones Municipales debe ser sancionada con una fecha tope del 7 de marzo, habían indicado desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
