La ley actual de financiamiento político prohíbe que los partidos o movimientos políticos reciban directa o indirectamente contribuciones o donaciones superiores a 5.000 jornales mínimos, unos G. 392.500.000 (USD 70.600), para actividades diversas no especificadas por cada ejercicio anual, ya sea de personas físicas o jurídicas.
Este martes, la Cámara Baja trató cambios en los artículos 64, 66, 68, 157, 278, 280, 281 y 282 de la ley Nº 4.743, que regula el financiamiento de las campañas electorales.
El proyecto de modificación establecía en su texto original el aumento de estos aportes a 7.000 jornales mínimos (USD 98.920), pero finalmente por una mayoría de votos los diputados aprobaron la propuesta del legislador Bernardo Villalba de elevar el monto a 50.000 jornales, que de acuerdo al salario mínimo vigente, de G. 2.041.123, arroja un millonario monto de G. 3.925.000.000 (USD 706.600 al cambio de G. 5.555).
Los legisladores acordaron que la normativa se extienda a las internas partidarias y en caso de sancionarse para agosto, los tiempos todavía alcanzan para su aplicación en las elecciones de este diciembre, en que se definirán los candidatos para las generales del 2018.
Durante el tratamiento del proyecto en particular se aprobaron algunas prohibiciones, entre ellas que los partidos acepten aportes de personas condenadas por narcotráfico, lavado de dinero y contrabando.
Si bien los parlamentarios definieron todos los artículos presentados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, el disidente colorado Eber Ovelar pidió una adenda para el artículo 64 y su estudio para este jueves. Por este motivo el proyecto no tuvo media sanción en la sesión extraordinaria de este martes y se debatirá sobre el punto mencionado en la ordinaria de este miércoles.
En el siguiente punto del orden del día figuraba el desbloqueo de las listas sábana, pero los diputados dejaron la sesión sin cuórum. Olga Ferreira, independiente, y Rocío Casco, de Avanza País, criticaron a sus colegas por abandonar el pleno.
