La proyectista resaltó que lo más importante es el endurecimiento de la trazabilidad, la rendición de ingresos y egresos que deberá presentar cada candidato y el control en tiempo real desde el inicio del periodo de gastos de las campañas.
Pero uno de los puntos más destacados y novedosos es la obligatoriedad de presentar una declaración de intereses, que se refiere a la información del sector económico al que está ligado el candidato, como por ejemplo, el bancario o el del combustible.
Vallejo explicó que la norma que entró en vigencia el año pasado y que regirá desde las internas municipales del 12 de julio del 2020 no es suficiente. Se trata de la Ley Nº 6167/18, que modifica varios artículos de la Ley Nº 834/1996, que establece el Código Electoral Paraguayo, modificado por la Ley Nº 4743/2012, que regula el financiamiento político.
Por eso, presentó este nuevo proyecto de modificación de la ley vigente.
Explicó que con el nuevo sistema electoral, de listas cerradas desbloqueadas, las campañas serán prácticamente individuales. Por ese motivo, el nuevo proyecto establece que cada uno de los candidatos de todos los movimientos deberán presentar su declaración jurada (con cuánto dinero arranca su campaña) a la nucleación interna a la que pertenece en el momento de la oficialización de su postulación.
Luego, el movimiento también hará la presentación al tribunal electoral de su partido y este, a la Justicia Electoral, que deberá publicar la información en su portal.
Estas rendiciones se llevarán a cabo en tres momentos: Al inicio, durante y al término de la campaña. Actualmente solo se realiza al final, pudiendo el movimiento declarar de forma incompleta, sin control ni sanción.
Otro elemento que destacó Vallejo fue que el nuevo proyecto de ley cumple con dos puntos de la recomendación de la Unión Europea, que son establecer los mecanismos interinstitucionales que permitan al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) llevar a cabo una supervisión y auditoría efectiva del financiamiento de campaña; y que el control afecte también a las internas con límites de gastos.
Vallejo indicó que, al observar la actividad proselitista del candidato, se nota que no condice con lo que declaró. “Entonces queremos hacer una trazabilidad dura de la campaña”, añadió.
Detalló que el control será a través de la Justicia Electoral y también de la ciudadanía. Y que también se realizarán evaluaciones aleatorias más rígidas.
Además, se pretende incluir a la Contraloría y a la Seprelad. “El objetivo es sacar un producto que sea aplicable y que colabore con la transparencia”, comentó.
Caso Tarragó. El hecho que puso de nuevo en debate el control de financiamiento fue la detención de la ex diputada Cynthia Tarragó en los Estados Unidos por agentes encubiertos del FBI, bajo el cargo de lavado de dinero.
Tarragó acababa de lanzar su candidatura a la intendencia de Asunción por el Partido Colorado, posteriormente fue expulsada del padrón.
El objetivo ahora es evitar que se utilice a la política para lavar dinero o que las campañas sean financiadas con recursos del narcotráfico.
Solo el 50% de los grupos políticos que participaron de las últimas elecciones están inscriptos en el registro de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), según estipula la ley que les obliga a reportar sus operaciones.
Por ese motivo, recientemente, los partidos y movimientos políticos que no están inscriptos en una lista de la Seprelad para ser sujetos de supervisión antilavado, como el Partido Democrático Progresista (PDP) y el Tekojoja, instruyeron a sus apoderados para la actualización de los datos y ser sometidos al control.
El impacto del Lavado en la política
