La Policía Nacional detuvo al presunto responsable de haber quemado la motocicleta de su ex pareja en Ñemby, Departamento Central. El ahora detenido, además, habría amenazado de muerte a la víctima en varias ocasiones.
Se trata de Cristian David Alcaraz Benítez, quien presuntamente hace poco más de un mes incineró el biciclo, debido a que no aceptaba la ruptura de su relación con la propietaria, aunque hace más de dos años no se encuentran juntos. El hombre estuvo detenido por escasos días, pero posteriormente fue puesto de nuevo en libertad, informaron a través de Telefuturo.
“Él estuvo preso entre cuatro y cinco días, después lo liberaron. Con miedo vivo. En mi trabajo me tuvieron que dar un horario fijo a la mañana, porque tenían miedo de que él me haga daño a la noche, porque él conoce mi camino, conoce mi casa. Alzaba fotos y videos en su estado de que estaba frente a mi lugar de trabajo”, expresó la preocupada mujer.
La detención se produjo el reciente domingo y ahora la víctima pide que el Juzgado le otorgue medidas de prisión preventiva y no de arresto domicilio, ya que asegura que el hombre la amenaza constantemente, pese a que cuenta con una orden de alejamiento.
El caso
El pasado 21 de febrero, Cristian Alcaraz arrojó combustible sobre la motocicleta de su ex pareja y posteriormente la incendió. El hecho ocurrió en el estacionamiento de un supermercado donde trabaja la afectada, lo que fue captado por las cámaras del circuito cerrado del local comercial.
El fuego amenazó a otras motocicletas que se encontraban al lado y el caso pudo derivar en un incendio mayor, ya que se registró en el interior del estacionamiento cerrado.
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La mujer había manifestado que el hombre primeramente fue hasta su puesto para advertirle que quemaría su motocicleta, luego de que se rehusara a hablar con él. Inmediatamente después, la mujer ya encontró en llamas su medio de transporte.
No contento con eso, Alcaraz la llamó y la amenazó de muerte a la mujer, quien ya había realizado varias denuncias por agresión y atropello a su vivienda, sin que la Policía Nacional o el Ministerio Público intervengan, según el propio relato de la víctima.
