Aunque la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) corresponde a la jurisdicción de la Comisaría 3ª Metropolitana, el destacamento policial está a cargo de la Agrupación de Seguridad.
El jefe de esta dependencia, comisario Eusebio Gavilán, comentó que esta cuadrilla se conformó tras la quema de la sede partidaria en marzo del 2021. “El destacamento se realizó con el problema de las manifestaciones y la quema de la Junta. Se conformó después de los trabajos realizados por la Fiscalía y otros seguimientos que se hicieron en la investigación por amenazas”, relató.
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Hizo referencia al incendio que destruyó parte de la Junta tras las protestas ciudadanas en contra de los diputados cartistas que salvaron a Mario Abdo Benítez de un juicio político por corrupción, mal manejo de la emergencia por la pandemia del Covid-19 y la crisis económica.
El principal argumento para custodiar la ANR es el resguardo de la seguridad de estudiantes y personas con discapacidad que se encuentran en la Junta.
Teniendo en cuenta que la carta orgánica de las fuerzas públicas no contempla este tipo de custodia en lugares privados, se emitió una orden judicial y el respectivo acatamiento institucional mediante una resolución de la Comandancia de la Policía Nacional, confirmó Gavilán. Aunque no conoce los detalles de los documentos, porque se desempeña en el cargo recién desde hace unos días.
Explicó que los uniformados custodian el predio en dos grupos y que en total son 10 los agentes destinados a este destacamento. Aunque la ANR se encarga de todos los gastos que implican la infraestructura y los equipos para mantener a la cuadrilla, los salarios corren por cuenta del Estado.
Experto advierte sobre abuso de poder
La Policía Nacional es la encargada de la seguridad interna, según la Constitución Nacional, y su carta orgánica establece una serie de requisitos y condiciones sobre las actividades autorizadas. Aunque los agentes pueden resguardar en las afueras, ser custodios desde dentro de las instalaciones es otra cosa, opinó el experto en criminología y seguridad Juan Martens.
“Es un despropósito, más aún en las condiciones en que hoy estamos viendo, la precariedad y la falta de personal policial en las calles, en lugares de aglomeración pública y esto un poco demuestra el abuso de poder con el que están acostumbrados a manejar el Gobierno”, cuestionó.
En ese sentido, se preguntó sobre el contenido de los documentos en que se respalda la Policía Nacional para ceder a esta medida, teniendo en cuenta que desde el derecho administrativo, todo lo que puede hacer un funcionario público debe estar expresamente autorizado, a diferencia del derecho civil común, donde lo que no está prohibido está permitido.
Indignación ciudadana
Recién cobró notoriedad este destacamento con la inauguración de las mejoras que incluían un centro de monitoreo de cámaras y comodidades para el descanso de los uniformados. El propio ex presidente de la República y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, recorrió las instalaciones, despertando la indignación ciudadana.
En la misma publicación de la ANR critican la inseguridad en las calles en contraste con la atención que recibe el Partido Colorado en su propia sede y, por sobre todo, el uso de las fuerzas públicas en vez de la contratación de un servicio de seguridad privada al tratarse de las instalaciones de un partido político.
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Los usuarios cuestionaron la partidización de las instituciones públicas y recordaron el nefasto antecedente del actuar policial en otra sede partidaria, refiriéndose a la represión de la ciudadanía que protestó en abril del 2017 en contra de la enmienda constitucional que pretendía habilitar la reelección presidencial. En aquella ocasión la Policía irrumpió en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico y mató al joven Rodrigo Quintana.
En ese momento Horacio Cartes se desempeñaba como presidente de la República y buscaba mantenerse en el poder.
