La Policía Rodoviaria Federal (PRF) y la Policía Federal (PF) realizaron un operativo en conjunto este jueves con el fin de desmantelar un esquema que involucra a funcionarios públicos de participar en forma sistemática en los hechos mencionados.
La investigación fue realizada por Asuntos Internos de la PRF y terminó con la identificación y detención de los involucrados, con apoyo del Ministerio Público, según reveló la PRF.
Más de 200 agentes de ambas fuerzas del orden público realizaron 55 allanamientos e incautación, dieron cumplimiento a las siete órdenes de captura, 11 órdenes de separación de la función pública y dos órdenes de secuestro de activos, señalaron a través de un informe.
Las órdenes de detenciones fueron realizadas contra cuatro oficiales de la PRF, uno retirado, y otros tres civiles, mientras que otros siete agentes de la PRF fueron apartados de sus funciones y serán investigados en un sumario interno, que puede resultar en su expulsión, respetando el debido proceso.
Los investigadores recogieron evidencias de la venta de productos incautados en plataformas de comercio electrónico y del envío a localidades del estado de San Pablo para su venta a través de civiles.
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La investigación es por delitos contra la administración pública y pueden ser condenados hasta a 30 años de prisión, mientras que los civiles también serán procesados por la complicidad.
El nombre de la Operación Policial es una palabra de origen latino que significa “robar la posesión; privar de algo ilegítimamente, quitándoselo mediante fraude o violencia; desperdiciar la posesión de algo; robar, aludiendo a la conducta ilícita practicada por los sospechosos”.
Los procedimientos se realizaron en la ciudad de Foz do Iguazú y localidades vecinas como Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguazú, Medianeira, Céu Azul o más alejadas como Cascavel Toledo, Telêmaco Borba, Curitiba y São Paulo. Las órdenes judiciales fueron emitidas por el 3º Tribunal Federal de Foz do Iguazú, Brasil.
