La Justicia dio marcha atrás al arresto domiciliario que había otorgado a Sergio Alcaraz, de 24 años, sindicado como presunto autor de una brutal golpiza contra su concubina, quien a consecuencia de las lesiones permaneció internada durante varios días en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.
La medida inicial, concedida en tiempo récord, provocó un fuerte repudio ciudadano, ya que dejaba en libertad al supuesto agresor mientras la víctima se encontraba convaleciente, temiendo por su vida y sin garantías reales de protección.
Tras la repercusión pública del caso y las publicaciones periodísticas, el fiscal de la causa, José Alberto Godoy, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la revocatoria del arresto domiciliario, alegando la existencia de nuevos elementos y la gravedad del hecho investigado.
El pedido fue analizado por el juez interino Nelson Mercado, quien finalmente resolvió dejar sin efecto la medida alternativa y ordenar que el imputado sea nuevamente detenido y enviado a prisión preventiva.
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Este viernes, incluso, la propia víctima protagonizó una dramática manifestación frente al Ministerio Público, donde se encadenó exigiendo justicia y reclamando que su agresor no continúe en libertad.
El caso vuelve a encender el debate sobre la actuación del sistema judicial ante hechos de violencia contra la mujer, y la necesidad de que las decisiones judiciales prioricen la protección de las víctimas, evitando medidas que puedan exponerlas aún más al peligro.
