Además de esto, realizaron una denuncia por prevaricato contra Carlos Alberto Rojas, juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de la ciudad de San Juan Nepomuceno; Juan Ramón Agüero Ríos, director de Policía de Itapúa, y contra Carlos Humberto Benítez González, comandante de la Policía Nacional.
CONTEXTO. El inmueble en cuestión está individualizado como Finca Nº 1914, Padrón Nº 2170 con una superficie de 1.026 hectáreas con 716 metros cuadrados, ubicado en el distrito de Mayor Otaño. El inmueble se encuentra afectado por la superposición de un título falso identificado como Matrícula Nº H23/1242 del distrito de Mayor Otaño, inscripto en los Registros Públicos bajo el Nº 2 al folio 21 y siguientes, en fecha 23 de febrero del año 2018, a nombre de la firma Barcos SA.
“El título de propiedad que tiene inscripto la firma de referencia posee vicios insalvables, cuya falsedad está probada mediante estudio y resolución de la Dirección General de los Registros Públicos”, reza parte de la denuncia.
INVOLUCRADOS. En los últimos años, surgieron nuevas personas quienes estarían simulando todo tipo de documentos para generar nuevos juicios en distintas localidades y obtener órdenes judiciales contrapuestas para atropellar el inmueble de la familia Kaufmann.
Algunos de ellos son Roberto Duarte Velázquez y Roberto Daniel Benítez Báez. Los mismos poseen un grado de parentesco por afinidad porque el primero es suegro del segundo. De acuerdo con la denuncia, ambos hombres pretenden la invasión del inmueble y la apropiación de la producción agrícola.
Roberto Daniel Benítez, de profesión docente, del distrito de Mayor Otaño, firma un contrato de un inmueble de 500 hectáreas que dice estar ubicado en el distrito de Mayor Otaño; la que vende es la firma Barcos SA, por el valor de USD 2.500.000 en fecha 26 de junio del año 2020. En la cláusula segunda del contrato está consignada que el inmueble adquirido posee medidas cautelares de litis, prohibición de innovar y de contratar, decretadas en un juicio promovido por la familia Kaufmann.
POLICÍA NACIONAL. La denuncia relata cómo las acciones de la Policía Nacional fueron desplegadas en perjuicio de la familia alemana. La primera de las acciones se produjo en febrero del año 2024, de la mano del juez Carlos Alberto Rojas Cañete. En aquella oportunidad se dio la primera orden judicial de ingreso para cuidado de los supuestos cultivos a favor de Roberto Daniel Benítez y su suegro Roberto Duarte Vázquez.
En marzo del año 2024, aparece la actuaria Liliana Méreles, intentando llegar al lugar acompañada de 70 efectivos policiales, supuestamente para acompañar una diligencia de un perito que debió identificar el inmueble. En esa ocasión, los mismos no lograron entrar porque un vecino se opuso a que ingresaran por su propiedad.
Pasaron algunos meses y se produjo el siguiente intento de invasión. En fecha 28 de agosto del 2024, unos 100 efectivos policiales llegaron a la zona de Mayor Otaño sin explicación alguna, quedaron en la Comisaría Nº 94 de Yacui Guazú.
FINANCISTA. El financista de todo esto sería Armando Lezcano, según la denuncia.
Este fue vinculado a varios secuestros y al tráfico ilegal de drogas.
