David Portillo, presidente de Autores Paraguayos Asociados (APA), rechazó que las compras efectuadas para el programa Jopói 2025 hayan causado un perjuicio patrimonial a la entidad y aseguró que los productos fueron adquiridos, recibidos y entregados a los socios y representados.
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Portillo habló con Última Hora luego de que el Ministerio Público lo imputara por presunta lesión de confianza junto con el director general de APA, Humberto Rodas; el director financiero y administrativo, Juan José Vidal; y el tesorero, Walter Cabrera.
Según la Fiscalía, las operaciones investigadas habrían ocasionado un perjuicio aproximado de G. 1.990 millones.
La investigación cuestiona la contratación de proveedores, la documentación utilizada para respaldar las compras y el uso de G. 696.794.530 provenientes de intereses generados por certificados de depósito de ahorro (CDA).
“Yo tengo la conciencia tranquila porque no entendemos que pueda existir un perjuicio patrimonial por un acto de carácter social que tuvo la aprobación de la Comisión Directiva”, expresó Portillo.
El titular de APA explicó que el programa Jopói consistió en la entrega de cajas con víveres, canastas navideñas, bolsones a los asociados y representados durante los primeros días de diciembre de 2025.
“Si se va a hablar de perjuicio patrimonial, ¿cómo se explica que nosotros aprobamos el gasto, se compró, se contrató el servicio, recibimos todo y después entregamos completamente a los socios y representados?”, manifestó.
Portillo sostuvo que las autoridades de APA se enteraron del pedido de imputación a través de la prensa y que aguardaban la notificación formal para conocer todos los argumentos del Ministerio Público.
“Nosotros aún no conocemos el relato de los hechos que tiene la Fiscalía como para hacer esta imputación. Estamos tranquilos porque desde la Comisión Directiva actuamos a la luz de todo, con aprobaciones dentro de los órganos competentes de la entidad y con toda la documentación respaldatoria”, afirmó.
Añadió que, una vez que sean debidamente notificados, podrán conocer en profundidad los hechos atribuidos y preparar la defensa en el ámbito correspondiente.
“Se aprobaron los montos, se pagó por el producto, se nos entregó en su totalidad, en tiempo y forma; y nosotros lo entregamos a los asociados y representados. No entendemos cómo pueden configurar eso como un daño al patrimonio”, insistió.
Pagos anteriores a la resolución
Según el acta de imputación presentada por los fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, entre julio y octubre de 2025, los cuatro directivos habrían intervenido en la adquisición de bienes destinados a regalos navideños por aproximadamente G. 1.990 millones.
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De acuerdo con el documento, primero se utilizaron recursos del fondo destinado a actividades sociales y, una vez agotados, se recurrió a G. 696.794.530 provenientes de intereses generados por CDA.
Uno de los puntos señalados por la Fiscalía es la diferencia entre las fechas de los pagos y la resolución que habría autorizado el uso de esos rendimientos financieros.
El Acta 36, del 14 de agosto de 2025, invocada posteriormente como antecedente no registra la aprobación del uso de esos fondos para el programa Jopói. Según la imputación, en aquella reunión solamente se planteó analizar el destino del dinero y solicitar previamente un dictamen jurídico.
Sin embargo, el primer pago del 50% a los proveedores fue realizado el 12 de agosto de 2025 y las cancelaciones se efectuaron el 22 de octubre. La Resolución 121/2025, que autorizó específicamente el uso de los intereses de los CDA, fue emitida recién el 29 de octubre cuando la totalidad de los pagos ya se había concretado.
Una consultoría técnica elaborada por la perita contable, Graciela Álvarez, concluyó que no pudo acreditarse suficientemente la existencia de una autorización previa, específica y documentada anterior a la contratación, ejecución o pago de determinadas operaciones.
El informe señala una debilidad en la correspondencia temporal entre la autorización, la ejecución y el financiamiento de las compras, y sostiene que debe diferenciarse una autorización previa de una aprobación o regularización posterior.
Dos facturas bajo investigación
La investigación también analiza dos facturas atribuidas a Despensa Gabrielito: Una del 11 de agosto y otra del 21 de octubre de 2025, ambas por G. 581.160.000.
Según el informe de fiscalización remitido por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), los responsables del establecimiento, Nilda Noemí Alarcón y Hernán Leguizamón, manifestaron que no conocían a APA ni a Juan José Vidal, que nunca suministraron los productos y que tampoco recibieron los importes consignados en las facturas.
Alarcón también habría afirmado que desconocía los documentos exhibidos y que no autorizó a ninguna persona a cobrar esas sumas.
El acta de imputación refiere que el dinero habría sido retirado por una tercera persona, identificada como Irma Elena Centeno. La autorización de cobro fue presentada en diciembre de 2025, pese a que el último pago se realizó en octubre.
A partir de estos elementos, la Fiscalía sostiene que los directivos habrían simulado contrataciones para adquirir productos a valores superiores a los reales, utilizando como proveedores a personas o comercios que no participaron de las operaciones.
Portillo, por su parte, mantiene que la mercadería fue recibida en su totalidad y distribuida entre los beneficiarios del programa.
Cheques cobrados en efectivo
Entre las declaraciones incorporadas a la causa se encuentra la de Inocencio Raúl Vargas Morel, quien se desempeñó como cajero de APA desde junio de 2024 hasta octubre de 2025.
Según el acta, Vargas Morel, declaró que para el primer pago del programa Jopói y de los regalos navideños se emitieron dos cheques, que posteriormente fueron efectivizados, para luego entregar el dinero en efectivo a la Dirección Financiera.
También declaró Celsa Rosana Galeano, quien se desempeñó como directora de Administración y Finanzas de la entidad entre febrero de 2021 y febrero de 2026. La ex directora afirmó que durante su gestión los proveedores eran evaluados de acuerdo con las mejores condiciones de costo y beneficio, con el objetivo de resguardar el patrimonio de APA.
La Fiscalía también puso bajo la lupa las colocaciones efectuadas por la entidad en los bancos Continental y GNB durante 2024 y 2025.
De acuerdo con el acta, los fondos fueron depositados por periodos superiores a un año y sometidos a sucesivas capitalizaciones. La investigación analiza si esa práctica se apartó de las obligaciones establecidas para las entidades de gestión colectiva, entre ellas la distribución de los derechos de autor recaudados dentro de los plazos previstos por la normativa.
Socios aclaran que no son denunciantes
Gonzalo Resquín Varela, socio de APA e integrante de un círculo de músicos activos, aclaró que ese sector acompaña la investigación, pero no presentó la denuncia penal.
“Nosotros no somos denunciantes. La denuncia viene de parte de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), que es el órgano contralor de todas las entidades de gestión colectiva, incluyendo APA”, expresó.
Según su relato, las primeras alertas partieron del síndico de la institución, quien comenzó a advertir sobre supuestas irregularidades. Ante la falta de respuestas de la Comisión Directiva, recurrió a la Dinapi.
El caso comenzó a repercutir públicamente en diciembre de 2025. A partir de entonces, explicó Resquín, los socios empezaron a investigar y solicitar informes.
“Luego, en la asamblea ordinaria de marzo, el síndico leyó su informe de la gestión y la Dinapi también ya había elaborado un informe preliminar. En ambos denunciaban graves irregularidades”, afirmó.
Resquín sostuvo que posteriormente la Dinapi presentó la denuncia penal contra los directivos y que la imputación corresponde a uno de los hechos investigados.
Fiscalía solicita medidas
El Ministerio Público pidió al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas figuran la comparecencia periódica, la prohibición de salir del país, la prohibición de ingresar a la sede de APA y sus dependencias, la prohibición de comunicación entre los imputados y una caución real acorde con el monto del supuesto perjuicio.
La Fiscalía argumentó que los imputados ocupan cargos dentro de la entidad y que existiría un posible riesgo de obstrucción por su capacidad de influir sobre testigos.
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Los cuatro imputados fueron convocados a prestar declaración indagatoria los días 12 y 13 de octubre, con sus respectivos abogados. Los fiscales solicitaron un plazo de seis meses para concluir la investigación.
La imputación abre la etapa investigativa y no constituye una declaración de culpabilidad. Los hechos atribuidos por el Ministerio Público deberán ser contrastados con la documentación y los argumentos que presenten las defensas.
