La familia Maíz denunció públicamente una serie de usurpaciones ilegales en la ribera del Pilcomayo, en la zona de Agropil, Departamento de Boquerón. Señalan como responsables al senador colorado Alfonso Noria y a la firma del ciudadano menonita Hans Arno Enns, con el apoyo del juez Carlos Alberto Lezcano.
El abogado penalista Federico Campos López Moreira acusó al juez Carlos Alberto Lezcano de prevaricato y de formar parte de un modus operandi.
Dionisia Maíz, una de las afectadas, manifestó que fue desalojada injustamente de la propiedad que estaba ocupando desde hace décadas con su familia en la zona conocida como Agropil.
Mencionó al senador Alfonso Noria como uno de los responsables directos del desalojo, ya que el legislador se presentó como uno de los propietarios.
“La supuesta asociación criminal estaría vinculada a personas del clan González Daher y al senador Alfonso Noria”, señaló el abogado penalista Federico Campos López Moreira.
La denuncia apunta a que la firma encabezada por el ciudadano paraguayo de origen menonita Hans Arno Enns, representado legalmente por la abogada Vilma Díaz, estaría impulsando una ocupación presuntamente ilegal en la zona de Agropil.
El operativo contó con la intervención de jueces y efectivos policiales para favorecer “intereses privados”, según los denunciantes.
“Allí hay antecedentes graves de doble titulación que fueron denunciados y que hasta hoy se encuentran en litigio y es de conocimiento público”, resaltó.
Federico Campos López Moreira mencionó que hay un modus operandi en el Chaco que consiste en usar ilegalmente a jueces y oficiales de Justicia para usurpar tierras que están en litigios de titularidad y con actos ilegales contra los ocupantes de hecho y de derecho.
También cuestionó el uso de la fuerza pública y de Justicia para aplicar desalojos en lugares que no corresponden a lo dispuesto por las resoluciones judiciales, ya que estas fueron recurridas y no están firmes por su irregularidad manifiesta, según dijo.
Citó la resolución del juez Carlos Alberto Lezcano como un “acto grave de prevaricato”. Dijo que denunció al juez ante ministros de la Corte Suprema de Justicia, en forma personal, y en forma escrita, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Cuestionó el “actuar prevaricador del derecho para favorecer a una persona o parte con interés ilegítimo del juez del Chaco Carlos Alberto Lezcano”.
Agregó que este se desempeñaba como flamante ayudante de cátedra del ministro Alberto Martínez Simón en la Facultad de Derecho UNA.
“El juez dice y se ufana, sin posible conocimiento del propio ministro Martínez Simón, y suponemos que lo hace para blindar sus actos de corrupción y prevaricato grave al colaborar con abogados y particulares que se apropian de tierras en el Chaco.
Campos López Moreira indicó que el juez encontró un modus operandi gravemente ilegal de “dictar resoluciones declarativas que imponen medidas cautelares y ordenan acompañamiento de fuerzas públicas”.
Por su parte, el dirigente colorado Alcides Ortega indicó que en el caso está vinculado el estudio jurídico Riera y Asociados. “El estudio jurídico que está vinculado al ministro del Interior, Enrique Riera, está detrás de los despojos de tierra de la familia Maíz. Es una vergüenza”, expresó.
“Él, como ministro del Interior, debería proteger las propiedades privadas, ya que también presentó en su momento un proyecto de ley en el Congreso sobre la protección y aumento de pena a invasores, y resulta que ahora él mismo está detrás de los despojos y atropellos de la tierra en el Paraguay”, expresó Ortega.
