La abogada Teresa Flecha señaló que no debería sorprender la actitud del ministro de la Corte Víctor Ríos, quien, al asumir el cargo, afirmó que permanecería en funciones por cinco años. A menos de un año de que venza su mandato, el ministro busca perpetuarse en el cargo, lo cual, según Flecha, es una práctica habitual entre los integrantes del máximo tribunal.
“La estabilidad que ellos invocan es más bien para asegurarse los beneficios de los que gozan gracias a ese cargo, pero en nada beneficia a la ciudadanía porque no se traduce en mejoramiento de la administración de justicia”, expresó.
A su vez, indicó que Ríos, se muestra como “el ministro bueno” y refrescó algunas acciones que evidencian que benefició a corruptos como el ex gobernador de Presidente Hayes.
La abogada indicó que Víctor Ríos “dio la mano” en su momento al ex gobernador de Presidente Hayes y hermano del presidente del Congreso, Basilio Núñez, Óscar Ñoño Núñez.
En marzo de este año, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos se apartó de la Sala Penal que debe resolver tres recursos planteados en la causa. Esta decisión dilata la resolución de la apelación contra la condena a 11 años de cárcel, por el desvío de G. 42.500 millones de la institución departamental.
El ex gobernador fue condenado a 11 años de cárcel y continúa evadiendo la prisión, ya que está pendiente la resolución, tanto en la Cámara de Apelaciones como en la Corte Suprema de Justicia.
También el año pasado, Ríos integró la Sala Penal que declaró competente al Tribunal de Apelaciones de Presidente Hayes para resolver la apelación de la condena del ex gobernador, quien tiene mucha influencia en esa zona.
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La resolución fue adoptada con los votos de los ministros Luis María Benítez Riera y Víctor Ríos, quienes formaron mayoría en la Sala Penal. Víctor Ríos integró la Sala Penal en sustitución de Manuel Ramírez Candia, quien se inhibió de participar en el proceso.
También mencionó que el ministro cuenta con un “feudo”, integrado por personas que cobran hasta tres salarios públicos y perciben alrededor de G. 30 millones sin cumplir con todas las funciones.
“Es exactamente la misma práctica delictiva de los senadores colorados corruptos, aunque mejor disimulada tal vez, pero es el mismísimo pecado, incluso delito”, manifestó.
