Denis Lichi fue designado como nuevo presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) en reemplazo de Patricia Samudio, quien renunció días atrás tras la apertura de una investigación por presunta sobrefacturación de insumos médicos.
La compra de tapabocas y termómetros se había realizado en marzo pasado, en el marco de la lucha contra el coronavirus.
Lichi asumió el cargo este lunes en un acto en Petropar que contó con la presencia de la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer. El nuevo titular reiteró su compromiso con la transparencia y responsabilidad en la gestión. El decreto presidencial N° 3569 se conoció este lunes.
Con respecto a las polémicas compras, la petrolera estatal también adquirió 5.000 unidades de agua tónica bajo el argumento de sus virtudes para hacer frente al nuevo coronavirus.
El nuevo titular de Petropar también fue ministro de Agricultura en este Gobierno. Su salida se dio en agosto del 2019, en medio de una movida política que dejó al ex senador Rodolfo Friedmann al frente de la institución.
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Lichi es oriundo de Arroyos y Esteros, Departamento de Cordillera. Es licenciado en Ciencias Contables y se desempeñó como intendente de su ciudad natal en el año 2001.
Fue precandidato a la Gobernación de Cordillera por el movimiento Colorado Añetete, en las internas celebradas en noviembre del año pasado. Sin embargo, perdió frente al candidato del oficialismo por una diferencia mínima del 7,2% de los votos.
Su hoja de vida contempla una vasta experiencia en el sector privado, en donde llegó a ocupar el puesto de contador en el sector cooperativista (1992-1999) y la presidencia de la Asociación de Productores de Leche de la ARP (Aprole) en el 2013.
Su perfil fue destacado por el presidente Mario Abdo Benítez, quien este domingo ya había adelantado su asignación como nuevo titular de la estatal.
Patricia Samudio actualmente está bajo la lupa del Ministerio Público, ante sospechas de que el caso podría ser catalogado como una supuesta lesión de confianza.
Su renuncia se dio el mismo día en que la Fiscalía realizó un allanamiento en las oficinas de la estatal, topándose con documentaciones llamativas que no presentaban acuse de fecha.
De acuerdo con los antecedentes, las compras, realizadas a través de la vía de excepción, fueron licitadas a la empresa Solumedic SA.
La institución pagó por cada mascarilla N95 la suma de G. 38.000, pese a que el precio tope establecido fue de G. 25.000. El valor total de la operación fue de G. 359.700.000.
