23 abr. 2026

Defensor denuncia por corrupción a su antecesor

El actual Defensor del Pueblo. Miguel Godoy, presentó este jueves una denuncia oficial ante el Ministerio Público contra su antecesor por haber indemnizado a “avivados” que cometieron hechos delictivos comunes y no fueron víctimas de tortura en época de la dictadura, según el “archivo del terror”.

En la Fiscalía.  El defensor Miguel Godoy Servín presentó ayer denuncia contra su antecesor.

En la Fiscalía. El defensor Miguel Godoy Servín presentó ayer denuncia contra su antecesor.

Con expedientes en mano, y como ya lo adelantó semanas atrás, Godoy presentó una denuncia en la Unidad de Delitos Económicos este jueves contra el ex Defensor, Manuel María Páez Mongelós, por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos y otros.

Sostuvo que pedirá al Ministerio Público que investigue a su antecesor y a otras personas, debido a que Páez no puedo haber actuado solo. Una cifra millonaria es la que se entregó a avivados, sostuvo.

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“El caso se basa en el esquema indemnizatorio en la anterior administración donde hay un monto sideral cobrado por personas que fueron privadas de su libertad por hechos comunes: hurto, homicidio, robos o lesiones”, mencionó.

Explicó que estos tipos de hechos no tienen que ver con las condiciones que la Ley establece para el pago de indemnizaciones, entendiendo que tal desembolso se realiza solo por casos de tortura y persecución política.

Páez Mongelos permitió pagos de indemnizaciones a personas que no fueron torturadas en época de la dictadura, según consta en el archivo del terror.

El patrimonio afectado sería de al menos 320 jornales por las causas no prescriptas, mientras existieron otras causas, que ya prescribieron, que llegaban a los G. 5.000 millones, según Godoy.

“La fiscal Liliana Alcaraz archivó la causa sosteniendo que no había dolo por parte del anterior defensor; sin embargo, había documentos falsificados. Los archivos del terror dicen que no fueron privados de su libertad por tortura sino por hechos comunes. Es un caso claro de corrupción e impunidad”, arremetió.

Afirmó que se desembolsaron al menos USD 3 millones para la indemnización de personas que no fueron torturadas. Estimó que, “de 8.000 expedientes, 2.000 eran de avivados”, sentenció.

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