El fiscal Christian Benítez Cáceres, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción 6, comunicó al Juzgado Penal de Garantías de turno el inicio de una investigación en contra del ex director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.
La causa se origina a partir de dos denuncias que refieren, por un lado, al supuesto cobro irregular de honorarios por parte del entonces funcionario, y por otro, a un presunto incremento desmedido de su patrimonio, informó Liz Acosta periodista de Última Hora.
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En ese contexto, el representante del Ministerio Público dispuso la realización de las primeras diligencias investigativas a fin de verificar la existencia de posibles irregularidades en los pagos percibidos en concepto de honorarios, así como determinar si el aumento patrimonial cuenta con la debida justificación legal.
El Ministerio Público prosigue con las tareas investigativas conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.
El caso de José González
El pasado 26 de febrero, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) inició de oficio una fiscalización al entonces director jurídico del IPS quien estuvo envuelto en una polémica por presunto cobro indebido de honorarios. González había recibido la suma de G. 412 millones afirmando que la suma se debía a un juicio ganado por parte de la previsional contra el Consorcio Hotelero Sudamericano, argumentando que también actuó como receptor de los honorarios de un equipo legal que trabajó con él en el litigio.
Según las resoluciones, se detectó un esquema de pagos que ascienden a G. 87.595.252.265, gestionados por la Dirección Jurídica para eludir el control judicial mediante el uso indebido del rubro 915 (Gastos Judiciales).
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A pesar de que el Ministerio de Economía dictaminó (18/2023) que el pago de deudas extrajudiciales solo es legal con una sentencia firme de homologación, González ignoró esta respuesta.
La Dirección Jurídica del IPS solicitó formalmente el dictamen al Ministerio de Economía y Finanzas para aclarar el abogado González que conocía de primera mano la obligatoriedad de la homologación judicial y, a pesar de haber recibido una respuesta clara y vinculante, decidió apartarse de ella para ejecutar los pagos bajo su propio esquema, según documentos.
