La Cámara de Apelaciones en lo Penal rechazó este lunes un recurso de reposición y apelación en subsidio presentado por la defensa de Ulises Quintana, en contra de una resolución que el mismo tribunal había resuelto, de dar un plazo de 10 días a la Fiscalía para presentar acusación.
Los abogados de Quintana presentarán ahora una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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La defensa del diputado Ulises Quintana, quien está procesado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, explicó que la resolución de la Cámara de Apelaciones retrotrae todo el proceso, debido a que la fiscala Lorena Ledesma ya había presentado acusación en el caso en el mes de setiembre.
El abogado Óscar Germán Latorre, ex fiscal general del Estado, indicó que el propósito del recurso presentado, el cual fue rechazado este lunes, cuestionaba la última parte de la resolución de la Cámara de Apelaciones, que remite el expediente al Ministerio Público para que se presente el requerimiento conclusivo.
“Lo que el tribunal hizo fue permitir al Ministerio Público retrotraer el proceso a una etapa preclusa, que es la de la presentación de las evidencias y del cuaderno de investigación fiscal, conjuntamente con el requerimiento conclusivo”, remarcó.
En ese sentido, mencionó que la Fiscalía debió presentar las pruebas y evidencias que se pretenden producir en el juicio oral y público al momento de la presentación del requerimiento conclusivo.
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No obstante, manifestó que la jueza Alicia Pedrozo le concedió a los fiscales dos o tres prórrogas para presentar las evidencias, en contravención del artículo 259, que reza que los autos procesales deben cumplirse indefectiblemente en los tiempos establecidos en la ley, y que los plazos procesales son perentorios e improrrogables.
Sobre el punto, aseveró que el Tribunal de Apelación entendió perfectamente que los plazos no pueden ser prorrogados al revocar la prórroga que otorgó la jueza Pedrozo al Ministerio Público, pero también resolvió remitir a la Fiscalía el expediente y solicitó el requerimiento conclusivo.
“Ahí lo que hace el Tribunal es darle una segunda oportunidad al Ministerio Público para obviar la omisión de su apunte fiscal y eso genera una ruptura del principio de igualdad entre las partes”, afirmó.
Entre tanto, anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de la decisión del Tribunal de Apelación de remitir el expediente a la Fiscalía para presentar acusación, ya que se corre el riesgo de tener una doble acusación, “y eso es aberrante”.
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El propio Ministerio Público atacó de inconstitucional también lo resuelto por el Tribunal de Apelación, pero por anular la prórroga que se les había otorgado para presentar las pruebas.
“La Fiscalía perdió el derecho a presentar esas evidencias y lamentablemente eso es cierto, es innegable y hasta imperdonable en una causa tan mediática, en donde se investigan hechos gravísimos vinculados al tráfico de drogas. Pero la ley tiene que ser la misma para todos y no se pueden acomodar situaciones como estas para salvar el no cumplimiento en plazo de una carga procesal que el Ministerio Público no cumplió”, sostuvo.
Finalmente, contó que para este viernes 13 hay una audiencia de revisión de medidas de su defendido ante el juez penal de Garantías, para buscar su libertad.
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La jueza Alicia Pedrozo resolvió el pasado mes decretar la prisión preventiva del diputado Ulises Quintana, quien ya había estado recluido por 10 meses en el penal militar de Viñas Cué.
Quintana fue procesado en el marco del Operativo Berilo, que dejó más de 20 detenidos, entre ellos Reinaldo Cucho Cabaña, presunto líder de un esquema de tráfico de drogas. De los procedimientos se lograron incautar USD 800.000, armas, propiedades, vehículos y 21 kilos de cocaína.
