La defensa del procesado que es tenido como el supuesto líder de la organización criminal dedicada al narcotráfico junto con el prófugo Sebastián Marset, sostuvo que su intención al pedir la revisión de medidas era que su defendido se pudiera realizar los exámenes médicos pendientes desde hace casi un año.
Acosta aseguró que, como Miguel Ángel Insfrán estaba en el Penal de Máxima Seguridad de Emboscada, iba a ser más fácil que sea trasladado para realizarse los exámenes médicos a dos sanatorios capitalinos, debido a la complejidad de los procedimientos.
Sin embargo, explicó que el Tribunal de Sentencia, al final, ordenó que sea derivado nuevamente al Penal de Máxima Seguridad de Minga Guazú, en el Alto Paraná.
Informó que su defendido sigue sangrando y que necesita transfusiones para no morir, pero igual no le hacen los exámenes médicos para conocer el origen de su enfermedad. “No es normal que vomite sangre tanto tiempo”, afirmó.
Aseguró que había “un ensañamiento” con Miguel Ángel Insfrán por parte de los jueces y fiscales, pero que no apelaría la resolución de traslado, ya que los “procesados por crimen organizado no tienen derechos”, se quejó.
El abogado acotó que durante la estadía de Tío Rico en la sanidad del penal de Minga Guazú estuvo mejor, porque los medicamentos le eran administrados por vía intravenosa, lo que no se puede hacer en una celda. Esto, porque Insfrán ya no puede recibir el tratamiento vía oral.
Comentó que el traslado de penal, a su modo de ver, era una derivación del conflicto que tenían entre los jueces y el Ministerio de Justicia, a raíz de lo ocurrido con el encausado que fue derivado desde Minga Guazú a Emboscada.
Napoleón Acosta remarcó que fueron los médicos del Poder Judicial quienes recomendaron que Miguel Insfrán se hiciera análisis médicos para poder tener un diagnóstico, pero hasta ahora estos no fueron realizados.
“Esto sí es una verdadera tortura”, dijo el profesional, refiriéndose a la forma de su reclusión, que tiene 22 horas de encierro y dos horas para salir.
Finalmente, señaló que recurrirán a organismos internacionales para denunciar la situación en que se encuentra Miguel Ángel Insfrán, que sigue siendo un procesado, recordó, por lo que aún tiene la presunción de inocencia, pero es tratado como condenado.
El Tribunal de Sentencia que juzga el caso A Ultranza Paraguay, integrado por los jueces María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk, dispuso que el procesado sea llevado, bajo segura custodia, al Penal de Máxima Seguridad de Minga Guazú, en el Alto Paraná.
El Ministerio de Justicia, hace algunas semanas, había trasladado a Insfrán hasta el penal de Emboscada, sin informar a los magistrados, con el argumento de que había sospechas de actos de corrupción, ya que hallaron un cargador de celular en el lugar donde estaba recluido.
El caso había generado un conflicto entre los jueces y el ministro, al punto de que los primeros solicitaron informes, los cuales no fueron contestados a tiempo. Esto generó que sean remitidos los antecedentes al Ministerio Público, para que investigue al ministro Rodrigo Nicora por supuesto desacato.
Cuando se hizo el traslado desde Minga Guazú a Emboscada, Nicora había argumentado que, por medidas de seguridad, el procedimiento fue hecho sin informar a nadie, para que no se filtrara la información. Ahora, el mismo ministro anunció que Tío Rico será trasladado de nuevo a Minga Guazú.
