La posibilidad de que el IPS tenga una mayor participación en el sistema financiero no es una discusión nueva. Cada cierto tiempo vuelve la idea de crear una banca de segundo piso que le permita canalizar directamente parte de los recursos que administra.
La discusión tiene fundamento. El IPS administra un portafolio cercano a los G. 21 billones, unos USD 3.600 millones, y una parte importante está colocada en instrumentos emitidos o garantizados por entidades bancarias.
Al cierre de setiembre de 2026, ese segmento representaba el 62,63% de su cartera global. El boletín de inversiones muestra que solo en CDA en guaraníes tenía G. 7,48 billones en 13 entidades, pero las cuatro principales concentraban alrededor del 71%.
La utilización de diferentes instrumentos no implica necesariamente una diversificación equivalente de los riesgos. Una misma entidad puede recibir recursos del IPS por distintos mecanismos, por lo que es necesario observar la exposición total por contraparte y no solo la distribución por tipo de inversión.
En este escenario, pensar en una banca de segundo piso puede parecer una alternativa para tener mayor participación en la canalización de sus recursos. No obstante, administrar una cartera de inversiones no es lo mismo que gestionar una institución financiera. La evaluación de créditos, la administración de riesgos, la recuperación y los controles requieren capacidades técnicas y estructuras especializadas.
La propuesta de crear una banca de segundo piso tampoco debe confundirse con el planteamiento de utilizar fondos previsionales para capitalizar un banco privado, iniciativa que fue rechazada. Ser accionista no significa tener automáticamente el control de las operaciones ni garantiza que los fondos estén protegido, y no sustituye los mecanismos de supervisión.
El problema es que estas propuestas colocan en primer plano la capacidad financiera del IPS cuando todavía existe una discusión pendiente sobre su propia institucionalidad. La previsional continúa arrastrando dificultades en la prestación de servicios, en la atención a sus asegurados y en la evasión de aportes del sector privado.
A esto se suma la exposición a los cambios políticos y a la influencia de los gobiernos de turno. El IPS no ha consolidado una estructura de conducción suficientemente independiente. Cuando las autoridades cambian con cada administración, también existe el riesgo de que las prioridades respondan a intereses coyunturales, en lugar de mantener una política institucional de largo plazo.
Esta cuestión es central cuando se trata de recursos que pertenecen a trabajadores y empleadores y que deben responder a obligaciones previsionales. Ampliar las funciones financieras del IPS exige garantías de que las decisiones de inversión estarán sujetas a criterios técnicos, reglas transparentes y controles que no dependan de la voluntad de turno. La administración de los recursos también requiere personal capacitado, políticas de inversión y mecanismos de control.
Los cuestionamientos que rodean a la supervisión bancaria también hacen más relevante esta discusión. Si existen dudas sobre los mecanismos de control de las entidades financieras, la respuesta no puede limitarse a buscar nuevas formas de colocar el dinero de los aportantes. Se necesita mayor transparencia sobre las exposiciones, los criterios para seleccionar contrapartes y los riesgos que asume la previsional. Requiere de una capacidad institucional que hoy no está demostrada.
