El ahora ex magistrado de Paz Víctor Nilo Rodríguez, imputado también en los casos de la mafia de los pagarés, se presentó con su defensor Secundino Méndez, para la audiencia de imposición de medidas cautelares ante el magistrado Humberto Otazú.
En el caso, la fiscala Karina Caballero le había imputado por supuestos hechos de prevaricato en calidad de autor y uso de documentos públicos de contenido falso, ambos en calidad de coautor, donde solicitó la aplicación de las medidas alternativas a la prisión.
Según la imputación, supuestamente el procesado Víctor Nilo Rodríguez Acosta, en compañía de las personas involucradas, presumiblemente, habría participado en descuentos efectuados a salarios para el pago de créditos obtenidos de distintas casas de crédito que operaban coordinadamente con funcionarios del Juzgado de Paz de La Recoleta.
Además, dicen que estos descuentos se realizaban con intermediación de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional y no fueron destinados a la cancelación de los préstamos aprobados por diversas entidades crediticias, por lo que se desconoce el destino de dichos fondos.
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Tras la audiencia, el juez concedió la libertad ambulatoria con la condición de que resida en el domicilio denunciado en el expediente, además de la prohibición de cambiar de número de celular, y de salir del país.
Asimismo, el procesado tiene la obligación de presentarse del 1 al 10 de cada mes, para firmar el libro de comparecencia, y fue intimado a presentar una fianza real hasta cubrir el monto de G. 200.000.000, con el informe de condiciones de dominio y la tasación en un plazo de 20 días hábiles.
El juez tuvo en cuenta que el procesado –acompañado de sus defensores– compareció libre y voluntariamente a la audiencia, “demostrando así su voluntad de someterse al proceso; al momento de la audiencia, a objeto de garantizar el sometimiento adjunto certificado de vida y residencia, asimismo ofreció un inmueble como caución real”.
El magistrado también cuenta con medidas alternativas en la primera causa por la mafia de los pagarés, donde fue imputado también con funcionarios de su juzgado, a más de abogados de empresas de créditos.