31 jul. 2025

Dan medidas alternativas al ex juez de Paz de Recoleta en el caso de la Aso del SNPP

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú concedió la libertad ambulatoria al ex juez de Paz de Recoleta Víctor Nilo Rodríguez Acosta, imputado por su presunta participación en un esquema irregular que habría perjudicado a miembros de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

eb8a5530-7874-4483-9c06-7d9b1ea988f5.jpg

En libertad. El ex juez de Paz de Recoleta Víctor Nilo Rodríguez (centro), junto con sus abogados defensores.

Foto: Gentileza.

El ahora ex magistrado de Paz Víctor Nilo Rodríguez, imputado también en los casos de la mafia de los pagarés, se presentó con su defensor Secundino Méndez, para la audiencia de imposición de medidas cautelares ante el magistrado Humberto Otazú.

En el caso, la fiscala Karina Caballero le había imputado por supuestos hechos de prevaricato en calidad de autor y uso de documentos públicos de contenido falso, ambos en calidad de coautor, donde solicitó la aplicación de las medidas alternativas a la prisión.

Según la imputación, supuestamente el procesado Víctor Nilo Rodríguez Acosta, en compañía de las personas involucradas, presumiblemente, habría participado en descuentos efectuados a salarios para el pago de créditos obtenidos de distintas casas de crédito que operaban coordinadamente con funcionarios del Juzgado de Paz de La Recoleta.

Además, dicen que estos descuentos se realizaban con intermediación de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional y no fueron destinados a la cancelación de los préstamos aprobados por diversas entidades crediticias, por lo que se desconoce el destino de dichos fondos.

Lea más: Corte acepta renuncia de juez de paz procesado por caso “mafia de pagarés”

Tras la audiencia, el juez concedió la libertad ambulatoria con la condición de que resida en el domicilio denunciado en el expediente, además de la prohibición de cambiar de número de celular, y de salir del país.

Asimismo, el procesado tiene la obligación de presentarse del 1 al 10 de cada mes, para firmar el libro de comparecencia, y fue intimado a presentar una fianza real hasta cubrir el monto de G. 200.000.000, con el informe de condiciones de dominio y la tasación en un plazo de 20 días hábiles.

El juez tuvo en cuenta que el procesado –acompañado de sus defensores– compareció libre y voluntariamente a la audiencia, “demostrando así su voluntad de someterse al proceso; al momento de la audiencia, a objeto de garantizar el sometimiento adjunto certificado de vida y residencia, asimismo ofreció un inmueble como caución real”.

El magistrado también cuenta con medidas alternativas en la primera causa por la mafia de los pagarés, donde fue imputado también con funcionarios de su juzgado, a más de abogados de empresas de créditos.

Más contenido de esta sección
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de casación de la defensa del ex candidato presidencial, Paraguayo Cubas, contra la resolución que dispuso que el juicio oral debe ser en Asunción, por los incidentes frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Aún queda una acción de inconstitucionalidad pendiente.
El fiscal Silvio Corbeta solicitó el rechazo de los incidentes promovidos por la defensa del ex ministro Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube, en el juicio oral por supuestos cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.
La Sala Penal de la Corte rechazó la casación de la defensa del endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, con lo que se confirma que debe ir a juicio oral por la muerte de Thirza Belén Portillo, la niña de 9 años que falleció en un tratamiento odontológico en noviembre del 2021.
La Policía Nacional detuvo a un hombre de nacionalidad argentina tras hallarse en su poder varias dosis de crac, listas para su comercialización en zona de Presidente Hayes.
Para esta semana fueron citados tres de los cincos jueces de Paz de capital procesados por supuestamente sacar resoluciones en violación de la ley, afectando a víctimas de la mafia de los pagarés. Los tres se abstuvieron de declarar.