16 feb. 2026

Fiscalía pide rechazar incidentes de ex ministro de la SEN, Joaquín Roa

El fiscal Silvio Corbeta solicitó el rechazo de los incidentes promovidos por la defensa del ex ministro Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube, en el juicio oral por supuestos cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.

3555485f-ee87-4a4e-924a-087dd6d24702.jpg

Juicio oral. Siguió hoy el juzgamiento público del ex ministro Joaquín Roa y del empresario Alberto Koube.

Foto: Gentileza.

El juicio oral contra el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional y el empresario se había reiniciado con las juezas Elsa García, Ana Rodríguez y Sonia Sánchez Laspina, tras la inhibición del magistrado Matías Garcete, por lo que el fiscal Corbeta continuó con su exposición en la audiencia.

El agente del Ministerio Público solicitó el rechazo del incidente planteado por la defensa de excluir el disco duro que tiene todas las actuaciones del caso A Ultranza Paraguay que habían sido requeridas por la acusación.

Habló de la importancia de las pruebas, ya que entiende que el caso contra el ex ministro y el empresario es una derivación de esa causa, con lo que solicitó al Tribunal de Sentencia el rechazo del pedido de la defensa.

Después, el tribunal declaró otro cuarto intermedio hasta el próximo 18 de junio, a las 10:00, donde resolverá los incidentes promovidos por las partes.

Lea más: Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube enfrentarán juicio oral por causa derivada de A Ultranza

En el caso, la Fiscalía requirió incluir como testigos a Sergio Salinas y Ramón Colmán, peritos del caso A Ultranza, a más de un disco duro que contenía el proceso seguido a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico; además de todo el expediente y la acusación del fiscal Deny Yoon Pak en la causa.

Por su parte, los abogados de Joaquín Roa, Rodrigo y Gustavo González Planás, habían pedido que se excluyera el yate Azimut AZ 42, la exclusión del disco duro portátil y el rechazo de los incidentes promovidos por la Fiscalía.

Finalmente, los abogados Rodrigo Álvarez y Mario Bobadilla, que defienden a Alberto Koube, solicitaron incluir un informe de la conducta del acusado en el penal Emboscada Antigua. También el rechazo de los incidentes de la Fiscalía.

La acusación fiscal

Según los fiscales, la causa se desprende del Operativo A Ultranza, que es una de las mayores investigaciones realizadas por casos de lavado de dinero.

Refieren que el ex ministro Joaquín Roa adquirió un yate en el 2018 de la empresa Tapyracuai, de Alberto Koube, que también está investigado en el megaoperativo por sus supuestos vínculos con el tráfico de cocaína a Europa, específicamente con el esquema liderado por Lindomar Reges.

La embarcación, que está valuada en unos USD 450.000, fue hallada anclada en el Náutico Remanso y tras su incautación quedó en poder de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.

Afirman los fiscales que Koube fue proveedor de la SEN y tenía un vínculo de amistad con Roa, por lo que las sospechas apuntan a licitaciones irregulares en el alquiler de camiones y venta de chapas, así como servicios sobrefacturados a cambio de un yate.

Más contenido de esta sección
El Tribunal de Apelación Penal ratificó el fallo de la jueza de Ejecución María Lidia Wyder, que rechazó el pedido de tutela jurisdiccional a favor de José Alberto Insfrán, conocido como Pastor Insfrán, uno de los acusados por el caso A Ultranza Paraguay, hermano de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Seguirá recluido en la Penitenciaría de Máxima Seguridad “Martín Mendoza”, de Emboscada.
La segunda recusación consecutiva contra el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia volvió a suspender la audiencia preliminar en otra de las causas conocidas como la mafia de los pagarés, en este caso respecto de dos procesados por el Juzgado de Paz de Recoleta. Señalan que el magistrado intentó realizar la audiencia pese a haber concedido la apelación subsidiaria.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú dispuso la reapertura de la causa y fijó para marzo la audiencia preliminar de los seis acusados por el presunto desvío de más de G. 2.808 millones de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal. La medida se adoptó a pedido de representantes del Ministerio Público.
El vocero de los gremios judiciales sostiene que los mentores de modificar la ley de la Caja Fiscal no se imaginaron este escenario. Explica que el cambio del sistema jubilatorio debe ser de forma paulatina.
Las indignidades del encierro de presos considerados “olvidados” facilitan el reclutamiento a grupos criminales, advierte experto en Derechos Humanos. A eso se suma la corrupción de funcionarios de Justicia.