La resolución judicial además dispone el control aleatorio de la Policía Nacional, prohibición de salir del país; prohibición de comunicarse con la víctima por ningún medio ni redes sociales. Así también, se estableció una fianza personal de G. 50.000.000.
Al respecto, el magistrado advirtió que en caso de incumplimiento de las medidas impuestas, será revocada la medida cautelar y se ordenará la prisión de ambos.
El caso se originó con una denuncia hecha el 23 de diciembre de 2024 por la víctima, quien relató que mantuvo una relación sentimental años atrás con la encausada, época en que se pasaron fotos íntimas y audios de contenido sexual. Estos materiales fueron utilizados por la mujer para sextorsionar a la víctima, a quien le solicitó la suma de USD 50.000 para no divulgar.
