22 ago. 2025

Cuestionan que por “tecnicismo” liberen a Hugo Javier tras seis meses de prisión

La salida de prisión del ex gobernador de Central Hugo Javier, tras cumplir solo seis meses de encierro pese al importante perjuicio patrimonial ocasionado durante su gestión, generó críticas del diputado de Central Adrián Billy Vaesken, quien expresó su descontento y afirmó que la Justicia “está hackeada por la mafia”.

billy vaesken.png

El diputado Adrián Billy Vaesken recordó las peripecias para denunciar a Hugo Javier González.

Foto: Gentileza

El diputado Adrián Billy Vaesken, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sostuvo que Hugo Javier no estaría en libertad de no ser por la connivencia de la Justicia, que decidió liberarlo tras cumplir la pena mínima.

“Hugo Javier no debe estar fuera, pero con esto se confirma que la Justicia está hackeada por la mafia vernácula”, sostuvo el liberal.

Recordó que el colorado cartista ocasionó un perjuicio gigante durante su gestión al frente de la Gobernación de Central y que, por ello, fue condenado. Lamentó, además, que a los ciudadanos de Central perjudicados por su administración se les envíe un mensaje de impunidad.

El tecnicisimo

De acuerdo con lo que refiere Vaesken, Hugo Javier sorteó la prisión usando un tecnicismo por parte de su defensa.

"(La mafia) aprovecha un tecnicismo para cometer prevaricato”, sentenció.

De hecho, para que Hugo Javier quede liberado junto a su administrador, debió considerarse que, según la Constitución y el Código Procesal Penal, deben ser beneficiados con la libertad, ya que no pueden pasar la pena mínima debido a que la sentencia condenatoria se encuentra apelada.

Los dos habían sido condenados a diez años de cárcel por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. En la causa, también habían sido sentenciados otros cinco ex funcionarios.

Esto por el desvío de G. 5.105.600.000 de los fondos destinados a proyectos de reactivación económica, asignados para obras civiles y viales, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Nota relacionada: El ex gobernador Hugo Javier es puesto en libertad por cumplir pena mínima

En el caso, además de Hugo Javier González y Miguel Robles, condenados a diez años de encierro, también fueron sentenciados Javier Marcelo Rojas Giménez, ex director de Administración y Finanzas; Lourdes Lezcano Decoud, ex secretaria; Luis Eduardo Allende Araújo, ex tesorero, y Modesta Valiente, ex secretaria, todos a dos años de prisión cada uno.

En la otra causa, por el supuesto desvío de G. 18.300 millones, Hugo Javier debe afrontar juicio oral y público. En el proceso, durante la preliminar, el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia había revocado su arresto domiciliario y le dio la libertad ambulatoria.

Más contenido de esta sección
El diputado colorado disidente Roberto González indicó que el oficialismo actúa de manera desproporcional con Miguel Prieto, ya que no se tuvo la misma actitud con otras intendencias. Sin embargo, votó a favor de la destitución y dijo que el informe del interventor está “desnaturalizado”.
El presidente del PLRA, Hugo Fleitas, se pronunció en contra de la destitución de Miguel Prieto como intendente de Ciudad del Este y afirmó que se trata de un acto de persecución por parte del gobierno.
Tras la destitución de Miguel Prieto, asumirá como intendente Sebastián Martínez, también de Yo Creo, en su carácter de presidente de la Junta Municipal. Martínez ocupará el cargo durante 90 días hasta la celebración de elecciones municipales para completar el mandato (hasta octubre del 2026).
Miguel Prieto se retiró de la Intendencia de Ciudad del Este con la seguridad de que su equipo va a volver a ganar las elecciones en diciembre. Anunció que conversará con concejales para elegir al interino, tras su destitución en Diputados.
El diputado liberal Freddy Franco, hijo del ex presidente Federico Franco, comparó el caso de Prieto con el de Fernando Lugo, recordando el arrepentimiento de Nicanor Duarte Frutos al no impugnar su candidatura.
Diputados de Yo Creo cuestionaron que no se comprobó daño patrimonial y que los documentos entregados por el intendente Miguel Prieto no fueron revisados. Acusaron al presidente Santiago Peña de ordenar la medida por motivos políticos y que el informe fue redactado en conjunto con el gobernador de Alto Paraná.