Los Estados Unidos acaban de designar a dos agrupaciones del crimen organizado del Brasil, PCC y Comando Vermelho, como terroristas. Esta nueva categorización se inscribe dentro de la nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense que, desde las Torres Gemelas, ha venido evolucionando para proteger los intereses de los EEUU con mayor amplitud y profundidad dentro de una nueva concepción de lo que es la dialéctica de intereses en conflicto en términos geopolíticos. Esta orientación, de demócratas y republicanos, fue actualizada recientemente por Rubio y Trump con la Doctrina Donroe, que establece a América Latina como espacio vital y esfera de influencia de los Estados Unidos para evitar cualquier interferencia extracontinental.
Esto ha permitido extender las sanciones y el tipo de puniciones desde designaciones de “significativamente corrupto” a cualquier personaje internacional, incluyendo a mandatarios extranjeros, como fue el caso de HC, pasando por el congelamiento de activos utilizando el poderoso sistema financiero internacional relacionado con el dólar hasta el apresamiento, en una operación comando espectacular en territorio venezolano, del presidente Maduro luego de ser declarado miembro de una organización narcoterrorista.
Considerando las cuestiones de hegemonía continental y planetaria como intereses mayores que conducen a este tipo de comportamiento de parte de los EEUU –tanto en el caso de Brasil con Lula, Paraguay con Cartes y Venezuela con Maduro–, persisten las sospechas de que, además, pudo existir el interés secreto de interferir en la política interna de los países en cuestión. No por eso, en el imaginario colectivo o en la realidad que quizá nunca se podrá conocer, todos los involucrados quedan como totalmente inocentes de las sospechas estadounidenses, en el sentido de que supuestamente pudieron haber mantenido algunas relaciones con organizaciones criminales o terroristas. Lo relevante es que los estadounidenses aprovecharon estas sospechas para, además de proteger los intereses de los EEUU en materia de seguridad nacional, interferir en el juego político interno de países latinoamericanos. Lo útil con lo agradable, nada mal.
En el Brasil existen sospechas de que, por ejemplo, dentro del sistema financiero e incluso en el mercado de valores, ambos bajo el control del Gobierno de Lula, tanto el PCC como el CV lavaron dinero inyectando capitales incluso en fondos de inversión. La Policía nunca puede con estos bandidos, y por eso ahora Lula queda obligado a tener que recurrir al Ejército para demostrar voluntad de aniquilamiento. La militarización, a la que Jair Bolsonaro quiso recurrir para dirimir el poder en el Brasil puede volver a estar de moda. Se sospecha que Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia, en visita reciente a la Casa Blanca, fue el que pidió a Trump esta designación de terrorista para relacionar la imagen de Lula también candidato con estas organizaciones. En la primera designación del ex presidente paraguayo HC, quien se defendió también arguyendo que era una denuncia falsa del ex presidente Abdo, una de las razones expuestas por el Departamento de Estado era la supuesta “participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los EEUU, lo que socava la seguridad de los EEUU contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional”. En el caso de Venezuela el presidente Maduro, antes de ser tomado preso por agentes estadounidenses, fue designado como miembro de un cartel relacionado al terrorismo en la región. Se creía que era para que Edmundo González y María Corina Machado pudiesen acceder al poder. Al final, Trump terminó haciendo negocios con los herederos de Maduro y mantuvieron el régimen.
El caso del Brasil, con la designación PCC y CV como terroristas, incluye de nuevo a Paraguay, donde estas organizaciones tienen ramificaciones, como objetivo estadounidense. Ojo con esto. Lo que cambia o aumenta con este tipo de designaciones es la gestión del riesgo político que amplia la inclusión de actores privados. Cualquier entidad del sistema financiero, empresa que provea vehículos, logística, servicios médicos, telefonía, etcétera, a estas organizaciones, puede ser sancionada, por ejemplo, por el Departamento del Tesoro, incluso con la Ley Magnitsky. Algunas empresas paraguayas ya conocieron de este tipo de sanción. Las variadas interpretaciones de autoridades norteamericanas sobre determinados movimientos en el mercado brasileño o brasiguayo, de cualquier tipo de empresa que, incluso sin saberlo, le venda algo a alguien del PCC, pueden tener su impacto punitivo. Empresarios paraguayos, están avisados. ¡Saludos cordiales!
