La abogada Rosa Vachetta celebró la medida cautelar de urgencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, por la cual se resuelve suspender el proceso de adjudicación de la gestión tributaria y catastral en Asunción al Consorcio TX Panamá.
La acción de inconstitucionalidad contra este acuerdo entre la Municipalidad de Asunción y la empresa fue presentada por la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop) y el Sindicato Municipal de la Ciudad de Asunción (Simuca), sumándose a otra impulsada por los concejales Orlando Fiorotto y Rosanna Rolón.
Vachetta, quien fue parte de esta medida, explicó en contacto con la emisora 1020 AM que la migración de la base de datos de los contribuyentes al consorcio es inconstitucional. Con la suspensión, el contacto queda sin efecto durante el tiempo que la Corte analice si la adjudicación es o no contraria a la Carta Magna.
La resolución fue notificada a la Municipalidad, que tiene 18 días para responder. Sobre el punto, el intendente Mario Ferreiro anunció que la medida será estudiada por sus asesores, pero aclaró que serán obedientes con lo que la Corte decida.
“Vamos a seguir todo el proceso como tiene que ser, pero siempre con el pensamiento de que este es un instrumento necesario para poder hacer los cambios que queremos en la ciudad. Sin recaudación, sin base impositiva, va a ser imposible que se modifique la ciudad”, sentenció.
La abogada respondió al jefe comunal que está de acuerdo con la necesidad de que Asunción mejore y con que la gestión se transparente, pero no a través de una empresa privada.
“Lo que no podemos admitir es que teniendo casi 10.000 funcionarios tengamos que decir ‘no podemos hacer esto y vamos a entregar los datos de los contribuyentes a una empresa privada’”, apuntó.
Los detractores de la tercerización del cobro de impuestos aclararon que se ataca la Resolución 698/18, por la cual la Intendencia adjudica el servicio que dejará ganancia del 22,75% sobre una mejora de la recaudación al citado consorcio; también la Resolución 6136/18 de la Junta Municipal, por la cual se homologa ese proceso y la promulgación correspondiente por parte del Ejecutivo Municipal.
